Los ayuntamientos de Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres, encabezados por las verdeecologistas Ana Patricia Peralta de la Peñ y Blanca Merari Tziu Muñoz y la expanista Atenea Gómez Ricalde, promovieron un juicio contencioso administrativo para retirar el efecto vinculatorio de la consulta popular sobre Aguakan, realizada el pasado 5 de junio y que en esos municipios resultó a favor de cancelar la concesión a la empresa prestadora del servicio de agua potable, informó la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez.
Dijo que el gobierno del Estado está a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa respecto a la suspensión de los resultados obtenidos en la consulta popular realizada por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) a propuesta de ciudadanos seguidores de la senadora de Morena, Marybel Villegas Canché, y que tuvo un costo promedio de 10 millones de pesos.
Torres Gómez cuestionó la consulta popular promovida por la senadora de Morena, Marybel Villegas Canché, pues dijo que se hizo sin considerar los efectos legales y administrativos que deben cumplirse.
Consideró que la parte inconforme debió recurrir a los tribunales contenciosos de lo administrativo para revertir la concesión en lugar de promover una consulta ciudadana.
Confirmó que son los ayuntamientos de Isla Mujeres, Benito Juárez y Puerto Morelos los que interpusieron un recurso contra el resultado de la consulta ciudadana, que resultó vinculante para retirar la concesión a la empresa Aguakan.
Torres Gomez reiteró que el gobierno del Estado está a la espera de la resolución del Tribunal de Administrativo, por medio del cual buscan revertir los resultados de la consulta ciudadana para retirarle la concesión a la empresa Aguakan.
No obstante, cabe mencionar que la Ley de Participación Ciudadana establece que la autoridad jurisdiccional en materia de consultar popular es el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), y los ayuntamientos de Isla Mujeres, Benito Juárez y Puerto Morelos no se inconformaron en contra de que se realizara una consulta sobre la concesión de Aguakán en el momento procesal oportuno cuando decidió si era procedente, ni cuando se dieron los resultados del 5 de junio y se declaró que eran vinculantes para las autoridades del estado.
