A TIRO DE PIEDRA
Por Julian Santiesteban
Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia
Bertolt Brecht
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la instalación y puesta en marcha del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo (TJA) es inconstitucional porque dicho acto debió realizarlo el pleno del Congreso local y no la diputación permanente, como ocurrió en 2018, estando en funciones la XV Legislatura. Independientemente de que todos los actos realizados pudieran ser nulos de origen desde 2018, postergar la reinstalación de dicho órgano pone en riesgo no sólo los expedientes y sanciones ya en curso, sino sobre todo el combate a la corrupción a futuro; y, esa, es una negligencia que no debieran permitirse ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo actuales.
Al recurrirse una determinación del TJA local que no estaba directamente relacionada con la operación del mismo, la Suprema Corte atrajo el caso y encontró la irregular manera en que se instaló y se designaron a los magistrados integrantes del mismo; por ello es que, aunque se ha insistido en que dicha instancia sigue operando “con normalidad” y sus integrantes están firmes en el cargo, lo cierto es que cualquier particular con expedientes abiertos o con sanciones impuestas por ese Tribunal, podrá recurrir la medida y echar abajo cualquier procedimiento administrativo realizado, desde las amonestaciones simples, hasta casos polémicos como las sanciones impuestas al ex gobernador, Roberto Borge Angulo o sus colaboradores.
Mucha especulación ha habido sobre el caso y, hasta ahora, no hay quien confirme los alcances de la determinación, pero además se señala que la misma habría ocurrido desde inicios del 2021, por lo que, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo debieron estar enterados al respecto y, sobre todo, debieron corregir lo mal hecho. Con eso como contexto, la XVII Legislatura está obligada a solicitar información sobre el caso y no esperar a la notificación respectiva; sobre todo, por las implicaciones hacia el futuro. Sí, si se reinstala, muy probablemente deban reiniciarse los expedientes ya en curso o concluidos –si es que, por tiempo, no han caducado-; pero si no se hace, se seguirá arrastrando la irregularidad legal y, todos los casos que sigan recibiendo en esa instancia, adolecerán de la misma nulidad de origen.
Por cierto, cabe decir que, hasta el momento, el Tribunal de Justicia Administrativa no ha emitido comunicado alguno, ni su titular (designado en enero del 2022), Jesús Antonio Villalobos Carrillo, ha dado posicionamiento público alguno. De hecho, cuando el escribiente solicitó formalmente una entrevista y, luego de que la misma fuera aceptada, un cercano del magistrado informó que le “habían clonado el celular”… ¿bastante conveniente, no? Luego entonces, al Poder Legislativo le alcanza la responsabilidad de garantizar el legal funcionamiento del TJA, fundamentalmente porque tiene la atribución legal de designar a sus integrantes, lo mismo que la Ejecutivo de proponerlos. No hay tiempo que perder, a menos claro, que se desee seguir viciando el combate a la corrupción.
Como notará el lector, la administración y legislatura actuales se encuentran en una difícil disyuntiva, pues corregir de una vez por todas la irregularidad heredada, supondrá abrir la posibilidad de impunidad a la corrupción pasada; pero no hacerlo, asegurará la impunidad futura. Reducido así, a su mínima expresión, parece claro pues que la lógica indica avanzar; al fin y al cabo, los “impresentables” están más que identificados. La XV y la XVI legislaturas, son verdaderamente para el olvido, sin olvidar por supuesto, a los que se aprovecharon del poder, como siempre, para poner las instituciones a su servicio y no para lo que, se supone, fueron creadas.
“Cambios radicales y profundos”, ofreció la gobernadora Mara Lezama Espinosa. En este caso, no se imagina el escribiente algo más profundo que la reinstalación del Tribunal de Justicia Administrativa y aprovechar el yerro legal para la renovación también de sus integrantes. Garantizar que el combate a la corrupción ocurra sin la “sombra del pasado” y que su funcionamiento asegure la profesionalización de la administración pública. Los errores –deliberados o no-, deberán asumirlos quienes prometieron ser el cambio; y lo fueron, pero en “reversa”, que también es “cambio.”
COMENTARIO MORBOSO
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo este fin de semana (oootra vez) en Quintana Roo, para revisar, dijo, el avance de las obras del Tren Maya y el Parque del Jaguar. Se informó que también revisó los trabajos del Aeropuerto “Felipe Carrillo Puerto”, o mejor conocido como el Aeropuerto de Tulum; aunque cabe decir que, para el 2023, esta obra no tiene asignado presupuesto alguno, por lo que su realización, parece, es más de discurso que de realidad.
Por cierto, aunque nada se informó al respecto, más allá de la falta de recursos para el aeropuerto de Tulum, o los avances efectivos del Tren Maya, cabe recordar que aun hay cinco ejidos en el sur de Quintana Roo que exigen la indemnización por el derecho de vía de la carretera que conduce al centro del país; sí, aquellos a los que el mandatario federal les dijo que, si persistían en su intención, el tramo 6 del tren pudiera cancelarse. Supervisión hubo, pero parecen ya labores de rutina, ¿no debiera avanzarse entonces en los verdaderos obstáculos para la conclusión de tan emblemática obra? A menos que el conflicto sea la “salida” buscada para justificar que no se termine… es sólo una opinión; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
