Golpazo a la ciudadanía y el turismo, presupuesto 2023

A TIRO DE PIEDRA 
Por Julian Santiesteban

Aquel hombre que pierde la honra por el negocio, 
 pierde el negocio y la honra 

Francisco de Quevedo 

Muy lejos de los principios de la Cuarta Transformación Republicana (4T); y a pesar de la escalada de precios por la crisis inflacionaria nacional, los municipios quintanarroenses preparan un incremento a cobros realizados no sólo al turismo, sino a la ciudadanía. Es decir, cuando peor le va a los “de a pie”, se les hinca más el diente, aunque se “adornen” las acciones con un discurso de que “pagarán más los que más tengan”, como si eso fuera consuelo para la vaciada de bolsillos de los que menos tienen. 

Este domingo, los municipios quintanarroenses comenzaron la entrega de sus respectivos paquetes económicos 2023, pero los datos preliminares no resultan, para nada, alentadores para la ciudadanía que, además de que en el próximo año enfrentará una andanada de incrementos a prácticamente todos los productos de la canasta básica y los de uso común, deberá “apechugar” con los cobros que los gobiernos hacen en impuestos como el predial. La ruta la ha marcado el municipio más grande, Benito Juárez, pero es indicativo de lo que se espera en los otros diez. Y también en cobros al turismo, como el llamado Derecho de Saneamiento Ambiental, que desde la XVI Legislatura intentó incrementarse, a propuesta del entonces diputado del Partido Verde Ecologista (PVE), José De la Peña Ruiz de Chávez, y que ahora será una realidad. 

De hecho, la polémica no ha abandonado al gobierno benitojuarense, que en la semana tuvo un revés al suspendérsele en definitiva su Programa de Desarrollo Urbano (abundará el escribiente sobre ello en el Comentario Morboso), pero antes de ello, el martes 16  de noviembre, martes los diputados del pleno legislativo dieron entrada a un documento en el que el municipio pretende un significativo incremento a las tablas de valor catastral en 111 zonas de Cancún, situación que fue evidenciada por la diputada de movimiento ciudadano, Maritza Basurto Basurto, quien exhibió la violacion de los artículos 29, 30 y 31, de la Ley de Los Municipios. El ayuntamiento ha intentado justificar el incremento asegurando que son zonas residenciales de alta plusvalía y que, además, será un beneficio para los propietarios, pues el valor real de sus viviendas se actualizará. Ese beneficio sería, únicamente, si las edificaciones se vendieran, pero incluso, cabe recordar que el valor comercial y no catastral, es el que se utiliza para las transacciones. Doble mentira, con afectación directa a los ciudadanos. Y esa dinámica estaría por seguirse por los demás municipios. ¿No dice la 4T que “por el bien de todos, primero los pobres”? 

El segundo “agandalle”                que estaría por aprobarse desde el Congreso local, es el incremento del ¡140 por ciento! al Derecho de Saneamiento Ambiental que se cobra a los turistas que utilizan servicios de hospedaje en aquel municipio. Actualmente se paga el 30 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivale a unos 28 pesos por día, pero a partir del 2023 se cobraría el 70 por ciento de la misma, más de 67 pesos diarios por día, por habitación –y falta ver si aplicarán también el cobro por cada persona, como propuso el PVE a inicios del 2022-.  Ya hay una parte del sector hotelero que ha manifestado su abierta inconformidad, pero si se aprueba en los siguientes días por parte de la XVII Legislatura, encabezada precisamente por el PVE; seguramente los demás municipios solicitarán el ajuste respectivo. Gobiernos extractivos, eso es lo que hay. 

Lo peor, es que la afectación no termina ahí, faltan las modificaciones e incrementos a otros derechos como las licencias de construcción y funcionamiento; los cobros por basura a los establecimientos comerciales y todas las fuentes de ingreso de los municipios… ¿y qué recibe el ciudadano en contraparte? Y si, en los siguientes días deberemos conocer a detalle las modificaciones e incrementos que se planteen para los cobros estatales… ¿Que habrá condonaciones y descuentos? ¿y a poco sí compensan el “golpazo”? Sin lugar a dudas, será el tema de la semana. 

COMENTARIO MORBOSO 

En la semana que concluyó, la asociación civil Opus Magnum logró la suspensión definitiva a la intención del municipio Benito Juárez, de permitir la construcción de tres mil habitaciones más en su zona hotelera, específicamente en lo que hasta ahora es el campo de golf del exclusivo fraccionamiento Pok Ta Pok. La medida la impulsan los mismos habitantes del lugar, pero resulta preocupante que, un gobierno que promueve la conservación ecológica, pues provienen del Partido Verde Ecologista (PVE), sea quien modifique una norma para permitir la depredación ambiental. 

Sí, el área ya está impactada, pero la construcción en cuestión harían insuficientes los servicios de drenaje del lugar, mismos que desde hace años están al borde del colapso; y aun así modificaron el Programa de Desarrollo Urbano. ¿Nadie ha intentado transitar por la zona hotelera cuando llueve? Se convierte en “la Venecia del Caribe.” Ciertamente, desde hace décadas la “actuación inmobiliaria” de las autoridades verdes ha sido conocida en Quintana Roo, pero cuidado, porque esta intentona no se circunscribe solamente a la zona hotelera, sino que representaría apenas una “jugada” más de las que acostumbran en terrenos de alta plusvalía. 

¿Ya nadie recuerda la modificación “a modo” del PDU en el municipio de Puerto Morelos, en los tiempos de la ex verde, Laura Fernández Piña? ¿La autorización hecha para edificaciones verticales en zonas hasta entonces no autorizadas para ello? ¿Acaso todos hemos olvidado la frase que hiciera famoso al dueño del Partido Verde, Jorge Emilio González Martínez, de “me chamaquearon”, cuando lo grabaron cobrando dos millones de dólares para obtener licencias de construcción en terrenos, precisamente de Cancún y Puerto Morelos? Eso fue en 2003, desde entonces le apodaro “El Niño Verde.” 

Bien por la asociación civil, bien por los promoventes del amparo y mal, muy mal, por las “verdes” autoridades que, a espaldas de los ciudadanos, pretenden hacer millonarios negocios inmobiliarios, pues para eso les sirve el poder. Atentos todos, que esta batalla legal, apenas comienza; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.