A través de sentencias recientes emitidas por el juez sexto de distrito, los diputados deberán dejar la simulación y atender con seriedad y formalidad las demandas de agua potable presentadas desde 2019 por diversas comunidades de la zona en conflicto con Campeche.
El decreto 78 de la XVI legislatura mediante el cual se aprobó el presupuesto de egreso 2021, consignó solo en su séptimo transitorio “contemplar una previsión de cien millones de pesos dirigidos a dotar de agua a tres localidades de la zona limítrofe con Campeche”.
A tres años, esos recursos continúan perdedizos y las autoridades de la comisión de agua potable solo han avanzado en los trabajos, principalmente, con recursos propios y/o gestionados ante la federación, de los cien millones nada aun.
Como resultado de los recursos legales promovidos por el comité de gestión de la zona limítrofe, el juzgado sexto de distrito con sede en Chetumal, fue ratificado por el tribunal colegiado en cuanto a sus resoluciones para ordenar al congreso realizar las gestiones necesarias y apruebe con formalidad, puntualidad y sin ambigüedades los recursos necesarios para la obra de conducción a 9 comunidades en 35 kilómetros y las redes de distribución en esas localidades.
Rigoberto Vazquez Hernández, delegado de la comunidad de Felipe Ángeles, entregó este martes ante la oficialia de partes del congreso del estado, las notificaciones relacionadas, en donde también se consigna posibles sanciones por desacato en caso de incumplir la resolución y no ordenar un presupuesto claro para el acueducto solicitado, y que según estimaciones de CAPA, ahora tiene un costo de 170 millones de pesos.
Las resoluciones derivan de los juicios de amparo 1097/2019 , así como de 1081/2019 y 1082/2019, promovidos por los habitantes de Caña Brava, Guillermo Prieto y Felipe Ángeles.
