Ni los resultados de la consulta pública de junio pasado que obliga al Estado y tres ayuntamientos a iniciar procedimientos para retirar la concesión de agua potable a la empresa Aguakan, ni los juicios iniciados previamente avanzan para liberar a la población de ese mal servicio.
El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJS) Antonio Villalobos Carrillo, omitió dar a conocer los avances o el estado actual del juicio 91/2018-SU1-1 iniciado desde 2018 por el ayuntamiento de Solidaridad.
El magistrado deslizó que el juicio, después de 4 años continúa vigente, sin embargo, se encuentra estancado por inactividad procesal, es decir no se han presentado recursos legales, este caso por el ayuntamiento, que en la fecha y desde hace un año encabeza la panista, Lili Campos Miranda.
Omitió dar mayores detalles con el argumento de estar impedido por la ley que obliga a guardar la secrecia de los procesos jurisdiccionales vigentes y que no han sido finalizados con una sentencia.
El magistrado compareció este martes ante diputados y ante el pleno explicó que, por mandato de ley, sólo las partes pueden acceder al expediente y conocer la situación del juicio.
Se anunció desde los disputados la presentación de un punto de acuerdo que sirva para exhortar al ayuntamiento y la presidenta de Solidaridad para que en términos de ley promueva las acciones necesarias, mediante las cuales pueda reactivarse este juicio en contra de Aguakan.
