La comisión de agua potable y alcantarillado (CAPA) emitió desde el 12 de julio pasado las licitaciones LO-923022998-E11-2022, para la construcción de pozo de extracción y línea de conducción para el sistema de abastecimiento de agua potable en Guillermo Prieto y LO-923022998-E12-2022 para la construcción de línea de conducción (acueducto tramo Guillermo Prieto-Caña Brava) para el abastecimiento de agua en Caña Brava.
Con ello y a casi dos años de la orden del Juzgado Federal del Centro Auxiliar de la Novena Región, residente en Zacatecas, en septiembre de 2020, CAPA emitió las convocatorias y este miércoles supuestamente firmarían los contratos para iniciar con las obras el jueves 4 de agosto, según las propias licitaciones, y con ello acatar la orden federal para dotar de agua potable a los habitantes de dichas comunidades.
Esto evidenció que de manera opaca y sin justificación legal, desde el organismo estatal de agua potable se disminuyó, el presupuesto de cien millones autorizado desde diciembre de 2020 en el artículo séptimo transitorio del decreto 078 de la XVI legislatura, para el presupuesto de egreso del estado en el ejercicio fiscal 2021.
Leobardo López Hernández, presidente del comité de agua potable para la zona limítrofe con Campeche recordó que el congreso del estado dirigió estos cien millones a la construcción de un acueducto de 32 kilómetros para dotar de agua potable a 10 comunidades con una ampliación del “acueducto Dos Aguadas-Caña Brava”
Con el ilegal “recorte financiero” quedan fuera del abasto de agua potable aproximadamente 300 familias de ocho comunidades en la llamada zona limítrofe, como Tesoro, Los ángeles, 21 de marzo, Nuevo Paraíso, Felipe Ángeles, Hermenegildo Galeana y Dos Aguadas; mientras que la Lucha y Nuevo Progreso tampoco tienen agua, aunque no estaban consideradas en el proyecto.
En voz del entrevistado los afectados dieron a conocer su inconformidad por la decisión unilateral de las CAPA para disminuir el proyecto y ahora solo realizar un estudio de 4.4 millones de pesos y la construcción de un “pozo exploratorio” de 300 metros en la localidad de Guillermo Prieto, con un costo de 5 millones de pesos más.
Sin garantizar que ese pozo pueda garantizar cantidad y calidad de agua en el abastecimiento pretenden instalar tuberías solo en tres kilómetros para llevar agua a Caña Brava y con ello cumplir con las sentencias de los juzgados de distrito a favor de esas comunidades, pero haciendo perdedizos más de 75 millones, de los cien autorizados, advirtieron los denunciantes.
Los habitantes de las diez comunidades incluidas dentro del proyecto, actualmente cuentan con agua potable, pues además de bombearles el líquido dos veces por semana, también se les lleva en pipas por la misma CAPA, reconocieron los inconformes.
Sin embargo, el tiempo de secas esta encima y resulta insuficientes para todas sus necesidades, dijeron.
El problema se va a heredar al siguiente gobierno estatal, dado que las comunidades que se dejan fuera del proyecto cuentan con juicios de amparo en curso y la expectativa es que se resuelva a su favor como ha sucedido con Caña Brava y Guillermo Prieto, y otras dos anteriormente, como es el caso de Felipe Ángeles que está en proceso de revisión en el tribunal colegiado con sede en Cancún.
