La concejera, Salome Medina, reconoció la posibilidad de informar a las autoridades competentes sobre los resultados en Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos; pero aludió un acuerdo interno del Ieqroo para finalizar en conjunto el resultado en todos los municipios, tal y como se ha llevado el procedimiento desde la convocatoria hasta la votación el día de la consulta.
En los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, la participación de mas del 35 por ciento de los electores del listado nominal, han determinado que, los resultados de la consulta popular del 5 de junio apuntan a la voluntad ciudadana de cancelar el contrato vigente a favor de la empresa particular operadora del servicio de Agua Potable.
Sin embargo, las autoridades electorales esperan se resuelvan las impugnaciones presentadas contra el resultado en Solidaridad, en donde no se alcanzó el 35 por ciento, ahora ante la sala regional, Xalapa del tribunal electoral del poder judicial de la federación, informó la presidenta de la comisión jurídica del Ieqroo, concejera, Salome Medina Montaño.
Que se haya alcanzado la vinculación en algunos municipios no significa la salida inmediata de Aguakan, faltan las acciones legales que las autoridades del estado y los municipios realicen, además de que la participación del Ieqroo solo alcanza para tener los resultados de la opinión e informarlo a las autoridades que corresponda, aclaró.
El 4 de junio los magistrados del tribunal electoral de Quintana Roo, confirmaron los resultados de la consulta popular y desecharon los juicios de nulidad solicitados por Marciano Toledo Sánchez y Marco Antonio López Diaz, quienes reclamaron que los resultados fuero menores al 35 por ciento, ante la falta de promoción a la consulta, la tardía apertura de casillas y la pregunta no era suficientemente clara o precisa, entre otras inconsistencias.
La determinación de los magistrados del Teqroo fue impugnada por los mismos actores y es la causa principal por la cual se ha trabado el procedimiento legal, para informar a los poderes legislativo y judicial, así como a los ayuntamientos involucrados, de los resultados finales.
