El rompimiento de acuerdos entre el ex alcalde Alexander Zetina Aguiluz y su relevo y actual presidente municipal, José Alfredo “chepe” Contreras Méndez, escaló a niveles de ilegalidades contra el patrimonio público y/o de abuso de autoridad de parte de uno u otro bando.
Este lunes el cabildo sesionó y el alcalde y siete de los regidores lograron la mayoría para retirar a la síndico municipal y aliada de Alexander Zetina, Vanessa Piña Gutiérrez, las facultad de representar al ayuntamiento en litigios legales, las cuales recaerán en la segunda regidora y aliada de “chepe”, Rosa García González.
El argumento legal se basa en el articulo 66 de la ley de los municipios inciso v) y el artículo tercero de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, entre otros, ante un presunto conflicto de intereses en los juicios que el gobierno de “chepe” Contreras ha entablado contra particulares por la posesión de predios propiedad del ayuntamiento.
Además de otros juicios laborales en contra del ayuntamiento y de asuntos de las cuentas públicas del gobierno de Alexander Zetina, aprobadas por el cabildo y que no han sido atendidos por la sindico municipal, de acuerdo con el informe presentado por el órgano interno de control del ayuntamiento de Bacalar.
De acuerdo con el diputado, Julio Montenegro Aguilar, presidente de la comisión de justicia del congreso del estado, en esos juicios se encuentran involucrados allegados de la propia síndica municipal y del ex alcalde Alexander Zetina, y supuestamente se omite asistir a las audiencias para dar ventajas a los particulares y poder quedarse con los predios públicos.
El legislador explicó que se trata de un asuntó que debe revisarse desde el congreso del estado, al tratarse de la sindicatura, un cargo otorgado por el voto popular en las urnas y se requiere de un procedimiento claro y apegado a la ley para determinar si existe una falta que conlleve el retiro de esas facultades o un mero conflicto de intereses entre grupos politicos.
Al consultar fuentes al interior del tribunal electoral de Quintana Roo, se dejó entrever la posibilidad de un abuso de autoridad de parte del presidente municipal, al proponer el retiro de esas facultades y de los concejales que votaron a favor de esa determinación.
De no existir un procedimiento claro y legal se estaría hablando de una falta grave que podría derivar hasta en juicio político en contra del presidente municipal y sus regidores aliados, pero no podemos prejuzgar, esperemos que llegue el tema al tribunal y haremos el análisis correspondiente para emitir una sentencia, explicó la fuente.
Vanessa Piña, sindica afectada denunció públicamente esta acción, a la cual ligó con no apoyar desde la sindicatura el manejo financiero del gobierno municipal y no aceptar firmar un presupuesto de 3.6 millones de pesos para el pago de becas, las cuales supuestamente estan dirigidas a personas allegadas a “chepe” Contreras.
Recordó que, a casi un año de haber asumido el cargo es víctima de las represalias del actual presidente municipal, a quien ha denunciado por violencia política de generó, solapar acoso sexual de sus asesores al personal femenino del ayuntamiento y hasta atentar con establecimientos comerciales de sus familiares.
