El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Mérida, Yucatán, tendrá este 5 de julio una nueva audiencia derivado del recurso de amparo contra las obras del Tramo 5 del Tren Maya, y para José Urbina, buzo de cuevas y ambientalista, es muy probable que esta presentación ante los estrados también se aplace debido a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no ha presentado la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Estaba previsto que el viernes 1 de julio el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, se pronunciara respecto al amparo que permitirá el reinicio de obras en el tramo 5 Sur, entre Playa del Carmen y Tulum; sin embargo, como ha ocurrido en otras ocasiones, se informó en estrados que se aplazaría la audiencia para el martes 5 de julio.
“Como habíamos anticipado, al no tener la resolución que Fonatur dice ya tener de Semarnat el juez no puede llevar a cabo su audiencia y la movió al 5 de julio, pero la realidad es que la situación sigue siendo la misma, nosotros seguimos sin ver esta resolución que Fonatur clama tener. Así que seguramente el 5 de julio también tendrá que ser aplazada porque como todo lo que hace Fonatur es turbio y no puede fijarse”, sostuvo.
La postura de los ambientalistas y en lo que han basado su defensa es que aunque Fonatur presentó ante el juez una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) condicionada aprobada por Semarnat, ésta no ha sido publicada en la Gaceta Ecológica y al no ser pública se desconoce su contenido, lo que contraviene la norma, pues este tipo de información debe estar a disposición de la ciudadanía en general.
José Urbina subrayó que la actuación de Fonatur desde el principio ha sido poco transparente, puesto que empezaron a trabajar en el tramo 5 Sur sin tener ningún tipo de permiso “y violentaron la salud y el medio ambiente, y de eso se trata, de garantizar el derecho medio ambiente sano, y la dependencia no lo hizo”.
La dependencia, por su parte, señala que el inicio de obras es legal porque está amparado en un decreto presidencial de noviembre de 2021 en el que se considera al Tren Maya un proyecto de interés nacional. Fue hasta el 23 de junio de 2022 que Fonatur entregó al juez que lleva el caso la MIA del tramo 5 Sur y con ello espera le sea autorizado el reinicio de trabajos.
Para José Urbina y los diversos colectivos, buzos y ambientalistas que se han amparado contra el proyecto “el juez podría perfectamente no tomarlo en cuenta (la MIA) y eso es importantísimo porque la ley debe de garantizarnos nuestros derechos”. Actualmente está en vigor una suspensión definitiva en el tramo 5 Sur y el 30 de junio el Juzgado Primero de Distrito admitió la ampliación del recurso de amparo contra las obras.
