La trillada bandera política-electoral que representa el retiro de la concesión del servicio de agua potable a favor de aguakan, de nueva cuenta se ha dejado de lado por los actores políticos.
Marybel Villegas Canche, diputada electa y principal promovente de la consulta pública para opinar sobre si debe o no seguir la empresa particular con el control del agua en cuatro municipios del estado, reconoció que, no existe una ruta o cronograma para dar seguimiento a los resultados arrojados el 5 de junio en la mencionada consulta ciudadana.
También mostró desconocimiento y desinterés, al reconocer que más del 35 por ciento de los electores de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad participaron en la consulta y en su mayoría opinaron que debe rescindirse el contrato, sin embargo, ahora dijo: “quien debe decidir son las autoridades del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo)”.
De acuerdo con la ley de participación ciudadana, el Instituto electoral sólo debe recibir y contabilizar los votos, para entregarlos al poder legislativo, desde donde se determinará la obligatoriedad o no de la decisión popular e iniciará los procedimientos que correspondan.
A mediados de junio actual, la concejera presidenta del Ieqroo, Mayra San Román Carrillo Medina, anunció el nivel alto de participación y el cumplimiento del porcentaje para hacer vinculante la opinión de los electores en el tema de aguakan, así como la entrega de los resultados al poder legislativo.
Ahora los diputados en funciones guardan sospechoso silencio sobre las acciones legales a seguir y los diputados actuales no tienen ni idea de lo que procede con los votos emitidos por los ciudadanos, quienes piden a gritos se cumpla la falsa promesa de sacar a aguakan de Quintana Roo.
