- El estado de Quintana Roo se vio obligado a reintegrar 6.1 millones de pesos a la federación en enero pasado, debido a esta falta cometida por los Servicios Estatales de Salud en un contrato adjudicado a Vanessa Lizeth Vargas Flores .
- La ASF abrió un procedimiento para sancionar a los funcionarios de la SESA por la irregular adjudicación directa, porque la persona física no tenía experiencia en el ramo y carecía de solvencia económica.
- En las mismas condiciones irregulares se le entregó la renta de las carpas médicas Covid-19 en Cancún, pero el resultado de esa auditoría aún no se ha emitido
Los Servicios Estatales de Salud (SESA), bajo responsabilidad de la secretaria Alejandra Aguirre Crespo, pagó precios inflados a Vanessa Lizeth Vargas Flores, la esposa de Jorge Brizuela Guevara alias El Venezolano, en la adquisición de mascarillas N95 como parte de un lote de materiales de protección contra el Covid-19 que le compraron mediante un contrato por adjudicación directa en el 2020, confirmó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su fiscalización de la cuenta pública federal de ese año.
Por esta falta, detectada al comprobar que los precios que la SESA pagó a la esposa de El Venezolano era el doble de los pagados a otra empresa por el mismo producto, el gobierno de Carlos Joaquín González tuvo que reintegrar a la Tesorería de la Federación 6 millones 123 mil pesos en enero de este año, obligado por la intervención de la ASF.
Pero además, la ASF abrió una investigación para imponer sanciones administrativas a los funcionarios responsables de haber adjudicado de manera directa el contrato sin justificarlo, además de que se trataba de una persona física que en el momento de obtenerlo tenía insolvencia económica y tenía apenas 6 días de haber dado aviso al SAT del inicio de sus actividades económicas, por lo que carecía de experiencia en el ramo.
La pregunta es a qué funcionario le cargarán la culpa de haber otorgado de esta forma el contrato a la esposa del amigo del gobernador Carlos Joaquín.
Además, el dato de la insolvencia económica y la falta de experiencia de la persona física favorecida es importante, porque al mismo tiempo que se firmó este contrato por materiales sanitarios, a Vanessa Vargas se le adjudicó de manera directa la renta de tras carpas Covid-19 para el Hospital Jesús Kumate de Cancún, pero la ASE todavía no ha emitido el informe sobre este caso.
El contrato de Vanessa Lizeth Vargas Flores, esposa de Jorge Brizuela Guevara El Venezolano, al que se refiere la auditoría es el SES-COVID-025-2020, por más de 14 millones de pesos, y fue el primero de los que ambos obtuvieron por un monto total de más de 544 millones de pesos en 2020 y 2021 por la dotación de materiales sanitarios y la renta de las carpas Covid-19 en Cancún y Chetumal, favorecidos por ser allegados del gobernador Carlos Joaquín González.
El pago de precios inflados a Vanessa Lizeth Vargas Flores la ASF lo determinó en la auditoría de cumplimiento al Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social, que tienen como marco la coordinación entre el estado y el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).
“Con la revisión del expediente técnico para la adquisición de equipo de protección necesarios en el plan de reconversión para la atención hospitalaria de la contingencia de la Covid-19, correspondiente al contrato núm. SES-COVID-025-2020, financiado con recursos del programa U013 vertiente 1 2020 por 14,828.5 miles de pesos (14 millones 828 mil 500 pesos), se constató que los SESA adquirieron 4,527 cajas de respiradores N-95 certificados NIOSH, a un precio de 2,886.08 pesos cada caja, que comparado con el precio pactado en el contrato núm. SES-COVID-030-2020 celebrado con otro proveedor con las mismas características en esta auditoría por 1,624.00 pesos, da una diferencia de 1,262.08 pesos por cada caja, para un total de 5,713.4
miles de pesos (5 millones 713 mil 400 pesos) pagados en exceso”.
Agrega que con esto “se determinó que no se aseguraron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado”.
Indica la ASF que “el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 5 millones 713 mil 436 pesos con 16 centavos, así como rendimientos financieros por 420 mil 508 pesos 84 centavos en la TESOFE en enero de 2022, después de la revisión, con lo que se solventa lo observado”.
Dice que además la Secretaría de la Contraloría del estado dijo haber iniciado un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos por este pago en exceso, con el expediente núm. SECOES/SFIOPAS/CGSIARFE/CIAFE/ASF/RAD0008/2022.
En el mismo informe, la ASE indica que “se verificó que, para la adquisición de equipo de protección necesario en el plan de reconversión para la atención hospitalaria de la contingencia de la Covid-19, correspondiente al contrato núm. SES-COVID-025-2020, financiado con recursos del programa U013 vertiente 1 2020, por 14,828.5 miles de pesos (14 millones 828 mil 500 pesos), el dictamen del área requirente no acreditó debidamente los criterios en los que se fundó y motivó la excepción a la licitación pública, por lo que no cumplió con los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguran las mejores condiciones para el Estado.
Asimismo, con la revisión de la Declaración Anual del Ejercicio 2019 presentada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 6 de abril de 2020, se observó que la persona física no disponía del capital contable suficiente para cumplir con la entrega de los bienes objeto del contrato, toda vez que, en el apartado del Estado de Posición Financiera, en la suma de capital reflejó -13.5 miles de pesos (-13 millones 500 mil pesos), por lo que la propuesta de la persona física no fue solvente; adicionalmente, la persona física adjudicada no disponía de la experiencia suficiente para realizar las operaciones, ya que la fecha de inicio de la actividad económica en la Constancia de Situación Fiscal fue del 25 de marzo de 2020 y el contrato se celebró el 31 de marzo de 2020, además de que la actividad reportada en su currículum fue de obra pública y privada”.
Por lo anterior, ASE emitió “la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Dirección General de Investigación adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación realice las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, y en su caso, determine la presunta responsabilidad administrativa correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no verificaron que el dictamen del área requirente acreditara debidamente los criterios en los que se fundó y motivó la excepción a la licitación pública, por lo que no cumple con los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguran las mejores condiciones para el Estado; asimismo, no revisaron que la persona física a la que se le adjudicó el contrato número SES-COVID-025-2020, relativo a la adquisición de equipo de protección necesario en el plan de reconversión para la atención hospitalaria de la contingencia de la COVID-19 no disponía del capital contable suficiente para cumplir con la entrega de los bienes objeto del contrato, toda vez que en la Declaración Anual del Ejercicio 2019 presentada al Servicio de Administración Tributaria el 6 de abril de 2020, en el apartado del Estado de Posición Financiera, en la suma de capital reflejó un importe negativo, por lo que la propuesta de la persona física no fue solvente; adicionalmente, no se aseguraron que la persona física disponía de la experiencia suficiente para realizar las operaciones, ya que la fecha de inicio de la actividad económica en la Constancia de Situación Fiscal fue el 25 de marzo y el contrato se celebró el 31 de marzo de 2020 y la actividad reportada en su currículum fue de obra pública y privada”.
Cabe mencionar que, además de esta falta, el Diario Cambio 22 dio a conocer en diciembre del 2020 que Vanessa Lizeth Vargas Flores tampoco estaba dada de alta en el Padrón de Proveedores del Estado cuando le fue adjudicado el contrato.
Entonces, Diario Cambio 22 mostró que Vanessa Lizteh Vargas Flores se dio de alta como persona física en el Padrón de Proveedores del gobierno del estado de Quintana Roo el 31 de marzo del 2020, según consta en la ficha emitida por el entonces todavía oficial mayor Manuel Alamilla Ceballos.
Como indica la ASF, ese mismo día estaba siendo firmado el contrato e iniciaba su vigencia para la el negocio de la proveeduría de materiales a los SESA para el personal médico de los hospitales.
Pero para entonces también ya había firmado el contrato de tres carpas Covid-19 para 238 camas en el Hospital Jesús Kumate de Cancún, por 70 millones de pesos, el cual inició su vigencia en abril, y seguramente será motivo de otra investigación para sancionar actos de corrupción porque ya quedó comprobado que no tenía solvencia económica ni experiencia la persona física a la que se le dio este contrato, cuando se dé a conocer el resultado de la auditoría sobre los recursos.
Fuente: cambio 22
