En su visita a Chetumal, para tomar protesta a la abanderada tricolor, Leslie Hendricks Rubio y a los 15 aspirantes a diputados de mayoría relativa, Alejandro “alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional de esa fuerza política, criticó fuertemente al gobierno de Carlos Joaquín; lo menos que acusó es un incumplimiento a los quintanarroenses y sumirlos en una significativa falta de desarrollo social y económico.
Además, a pregunta expresa, se refirió a quienes a pesar de su militancia priista aceptaron, sin autorización del partido, colaborar dentro del gabinete del cambio y pidió aplicar los estatutos que podría llevarlos a enfrentar un proceso desde los órganos de disciplina partidaria y ser expulsados por traición al partido tricolor.
La guillotina se aludió directamente para el actual director de la agencia de proyectos estratégicos del gobierno del estado, José Alberto Alonso Ovando, quien desde el 11 de enero pasado dejó la secretaria general del PRI estatal, para ocupar ese cargo.
Pero a la “aplicación de estatutos” por traición o complicidad con el gobierno de Carlos Joaquín, también podrían o deberían ser sometidos, entre otros, el actual secretario de gobierno, Arturo Contreras Castillo, quien desde septiembre de 2019 ocupa ese cargo, sin embargo, recientemente fue nombrado fuerte aspirante a la candidatura priista al gobierno del estado.
En esa lista negra también deben estar, Efraín Villanueva Arcos, secretario de medio ambiente del estado desde julio de 2020; el ex oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, y el subsecretario de gobierno Joel Sauri Galue, en ese cargo desde septiembre de 2019, entre otros.
Esta postura se enmarca en la coyuntura electoral y luego de omitir a coaligarse de nueva cuenta con el PAN y el PRD para una elección en Quintana Roo.
Y luego de ser parte actuante o por omisión del mal llamado y fallido gobierno de Carlos Joaquin.
