Desde 2019 el gobierno federal retiro de su presupuesto el subsidio o beca a 116 guarderias que por encargó de la desaparecida SEDESOL brindaba servicio de estancias infantiles en apoyo de madres y padres trabajadores.
La determinación anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de actos de corrupción y mal uso de las becas, afectó a poco más de 4 mil familias que se ahorraban en promedio 800 pesos por cada niño que llevaban al cuidado de esas planteles, operados por particulares.
La falta de recursos obligó a los padres a buscar alternativas para el resguardo de sus menores hijos y se impacto la operación de las instancias de la ex SEDESOL, causando incluso el cierre de dos terceras partes de estos espacios de cuidado, también con la consecuente perdida de empleos para quienes ahí laboraban.
Rafael Rivero Aburto, asesor jurídico de las representantes de estás instancias infantiles en Quintana Roo, lamentó la indefinición de los ministros de la suprema corte de justicia de la nación (SCJN) quienes desde a finales de 2019 tienen el expediente acumulado de 38 amparos promovidos para evitar el cierre de esas instancias y recuperar esa prestación a favor de los padres con necesidad de ese servicio.
El gobierno federal rechazo e incumplio la recomendación emitida por la comisión nacional de derechos humanos, respecto a seis medidas cautelares que apuntaban a resguardar el interés superior de la niñez y otorgarle un espacio de educación y resguardo mientras sus padres trabajan.
En la fecha cerca de 80 estancias han cerrado; dejando a más de seis mil menores en situación de vulnerabilidad y se han documentado casos graves de accidentes por dejar a estos niños en casa mientras sus padres acuden a sus labores.
