- El hecho ocurrió en el centro de Quintana Roo
- Mary Hernández ordenó retener a los comunicadores, obligando a que borraran su material gráfico
- El gobierno de Maricarmen Hernández Solís ordenó la privación ilegal de la libertad de dos periodistas que ejercían su trabajo en el rastro municipal; el coordinador del Rastro Municipal y la policía les impidió la salida, por mas de una hora; el gobierno municipal de Felipe Carrillo Puerto debe informar a la sociedad de las condiciones antihigiénicas en que opera el rastro municipal.
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, ubicado en la llamada Zona Maya, no solo los derechos a vivir en un medio ambiente sano, vivienda digna, salud, educación, empleo, se encuentran en el olvido por las autoridades municipales, sino también los derechos a las libertades de opinión, expresión, prensa e información, porque lo que impera es el autoritarismo, la ley del mas fuerte, la diversidad de ideas en este rincón del país, es un delito, con lo que se contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos y Derecho a la Información suscritos por el Estado mexicano.
Una alimentación de calidad también es un derecho fundamental y la autoridad municipal es corresponsable de que este derecho sea ejercido con plenitud, específicamente debe operar o supervisar los rastros, pero en Felipe Carrillo Puerto esto no existe, por lo que dos periodistas estaban documentando las condiciones insalubres en que opera el rastro municipal, lo que motivó el enojo de la presidenta municipal Marycarmen Candelaria Hernández Solís, quien ordenó a sus subalternos que los privaran ilegalmente de su libertad hasta que borraran las fotografías que ya habían tomado, a lo que se negaron en todo momento, pues dichas imágenes son la evidencias de las condiciones insalubres en las que opera dicho rastro.
De acuerdo al acta de denuncia de las víctimas se establece que ante el Ministerio Público se presentaron José Edilberto Xiu Yam y Juan José López Hernández, ambos de ocupación periodistas, para señalar a personal del referido rastro y de Seguridad Pública Municipal de privación personal de la libertad lo que es sancionado como delito por el Código Penal del Estado de Quintana Roo.
Específicamente, se señaló como responsable a José Alberto Batún Chuc, quien labora en el palacio municipal de Felipe Carrillo Puerto y en donde se le puede localizar.
En su declaración ante el representante social el periodista Xiu Yam dijo que tiene seis años de laborar en medios de comunicación en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto y que actualmente trabaja para las corresponsalías de Impacto 307 Tulum FM y Fátima Vásquez Digital.
Los dos periodistas en mención se trasladaron este miércoles 26 de enero a las instalaciones del rastro municipal, luego de identificarse como trabajadores de medios de comunicación con el guardia de acceso, se les permitió ingresar al establecimiento, con la advertencia que informaría a su jefe inmediato.
Cuando los reporteros hacían su trabajo de documentación de las condiciones insalubres en que opera el rastro, llegó corriendo hasta donde estaban ellos, para decirle que se salieran del rastro porque había llegado su jefe y le había ordenado que los sacara.
Acto seguido los trabajadores de los medios de comunicación indicados acataron la instrucción del trabajador por lo que se dirigieron hacia el acceso principal, por donde había ingresado, en ese sitio se encontraron a quien ahora saben que se llama Joel Batún, quien ya había cerrado la puerta con una cadena, candado y unos alambres “evitando nuestra salida”.
“Por lo que al intentar salir nos amedrentó con su vehículo tipo platina color gris sin placas de circulación, dando fuertes arrancones, al llegar nosotros al portón nos aventó el carro y lo atravesó en la salida, pegándolo al portón para que no saliéramos, y desde la ventanilla de su vehículo nos gritó que no podíamos salir, argumentando que habíamos cometido un delito y que ya había llamado a la policía para que nos detuviera, he incluso (SIC) llamó al vigilante, dándole la instrucción para que nos retuviera, así estuvimos por un espacio de una hora aproximadamente”.
Posteriormente, llegó una patrulla de Seguridad Pública con número económico 2042, “con seis elementos a bordo, al mismo tiempo llegaron varios compañeros de diversos medios de comunicación”.
Algunos periodistas transmitieron en vivo por sus redes sociales dicha privación ilegal de la libertad personal de dos periodistas.
“Posteriormente, un comandante de apellido Díaz, nos dijo que efectivamente habíamos incurrido en una ilegalidad y que para poder dejarnos en libertad deberíamos borrar toda la grabación y evidencia de lo tomado en el lugar, todo esto por instrucciones de su superior”.
La intervención de colegas periodistas permitió que el referido comandante, “le pidió al C. Joel Alberto Batún Chuc, quien se ostentaba como coordinador del Rastro Municipal que abriera el portón y retirara su vehículo y, este a su vez ordenó al vigilante que abriera el portón”.
A la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Marycarmen Candelaria Hernández Solís, se le olvida que los derechos a las libertades de expresión e Información están consagradas en el Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental, precepto que la obliga a garantizar tanto la libertad de expresión de personas periodistas como el Derecho a la Información a la sociedad en su conjunto.
Cuando rindió protesta como presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto dijo que cumpliría la Constitución y las leyes que de ella derivan, lo cual tal parece que ya se le olvidó, al igual que su obligación de transparentar su administración y rendir cuentas, como lo establece el mismo Artículo Sexto Constitucional.
Hernández Solís debe desconocer que a nivel nacional existe una movilización nacional de periodistas para exigirle a los tres niveles de gobierno que cesen la violencia en contra de las personas periodistas, ya que los agravios van desde amenazas, privación ilegal de la libertad, lesiones físicas, hostigamiento judicial, asesinatos y fue ella mismo, a través de su administración, la que ubicó a Felipe Carrillo Puerto en el mapa nacional de los municipios donde se viola la libertad de expresión.
Ahora, más que nunca, la ciudadanía carrilloportense debe exigir una auditoria y revisión técnica-sanitaria a las instalaciones del rastro municipal, porque esta de por medio la salud pública, un establecimiento donde se sacrifica animales para el consumo humano debe reunir altos estándares de calidad, para ello existen certificaciones especializadas.
Sobre ello debe dar cuenta la presidenta municipal, porque toda información que emana del gobierno municipal es de carácter pública y por ende debe difundirse a toda la sociedad, lo que pasa en una dependencia municipal es de interés público, Maricarmen Hernández debe saber que su postura patrimonialista sobre la información del municipio es sinónimo de su ignorancia.
La violencia contra periodistas en Quintana Roo no es nueva, ni particularmente en Felipe Carrillo Puerto, de lo cual tengo evidencias documentadas desde hace años, por lo que es el momento, que este agresión que sufrieron los compañeros periodistas sea investigada por la Fiscalía, con la finalidad de que se deslinden responsabilidades, porque hay que recordar que estamos en un año electoral y si permitimos un agravio de esta naturaleza, quienes ejercemos el periodismo en Quintana Roo seguiremos vulnerables, porque a los grupos políticos no les importa llevarse entre las patas de los caballos una o más vidas con tal de tener la hegemonía.
En su reciente columna, el periodista Javier Chávez, hace referencia al asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, en Tijuana, lo que movilizó el pasado martes a periodistas de gran parte del país.
“Ella es una más en la enorme lista de compañeros cuyas vidas han sido arrebatadas sin que haya una reacción contundente de los gobiernos estatales y del gobierno federal, porque la impunidad predomina combinada con el desdén de la sociedad que a menudo sataniza nuestro oficio y reacciona con altas dosis de escarnio”.
Agradezco a Javier, la mención en su texto sobre una de mis colaboraciones, al decir: “Como advierte mi compañera periodista Graciela Machuca Martínez –integrante de nuestra Asociación Civil Periodistas del Caribe–, son “20 años de luto del gremio y a nuestro gobierno de México poco le importa la vida y la integridad física de quienes ejercemos el periodismo, porque sus políticas públicas y acciones de gobierno son inservibles”.
