El ex secretario del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, Patricio de la Peña, reapareció para hacer frente a un juicio oral en el que se le reclama el pago de casi medio millón de pesos.
La búsqueda del funcionario borgista fue ordenada desde 2019 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor con residencia en Cancún, Quintana Roo.
La localización del ex funcionario se consiguió después de casi cinco meses (entre noviembre de 2019 y abril de 2020) que se ordenó judicialmente su búsqueda para que fuera notificado y emplazado con el fin de contestar la demanda (el 20 de octubre de 2021), en un litigio oral interpuesto en su contra por la institución de banca múltiple CI Banco, Sociedad Anónima.
El proceso mercantil establece que el demandado únicamente debe ser notificado personalmente del emplazamiento y que las promociones restantes se notificarán de manera remota, debido a que se trata de un “procedimiento especialmente diseñado para hacer posible la solución de controversias de forma rápida”.
La moral crediticia le reclama la rescisión de un contrato por falta de pago de un monto máximo de suerte principal de 492 mil 645 pesos con 59 centavos como parte del Fideicomiso F/00388, cuyo caso se analiza por la justicia federal bajo el número 26061945 desde el 22 de noviembre de 2019.
De la Peña Ruiz de Chávez estaba ‘desaparecido’ desde que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción —dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE)— inició una investigación en su contra presuntos nexos en un esquema de defraudación y despojo de propiedades inmobiliarias al amparo de juicios laborales simulados que se perpetraron durante el gobierno estatal de Roberto Borge Angulo.
El paradero del también ex secretario del Trabajo en el Estado se confirmó cuando finalmente fue localizado en un domicilio registrado ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Quintana Roo “2” dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la avenida Bonampak de Cancún.
La tardanza de encontrarlo obedeció a que en repetidas ocasiones se emplazó a diversas autoridades para que se revisaran registros, pero sin resultados, como ocurrió con la compañía Teléfonos de México y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo y de otras partes del país.
Patricio de la Peña es originario de Cancún, tiene 40 años de edad, es abogado por la Universidad de Monterrey y se afilió al Partido Revolucionario Institucional el 4 de marzo de 2009. Fue designado por el entonces mandatario Roberto Borge como secretario del Trabajo y Previsión Social, el 6 de julio de 2012.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción lo investiga por su presunta vinculación a fraudes y el despojo de propiedades inmobiliarias contra diversos empresarios.
Desde el cargo público que ocupó habría participado en el apoderamiento de 4 lujosos departamentos del residencial Maioris Tower de Puerto Cancún, cada uno valuado en 350 mil dólares, mediante laudos laborales irregulares avalados por la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, bajo su cargo, y por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que entonces presidía el actual magistrado Carlos Lima Carbajal.
No fueron los únicos casos de despojos ilegales en que presuntamente participó. En la lista se incluyen otros orquestados contra los hoteles Playa Azul, las Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo.
Patricio de la Peña es hermano del diputado local por el Partido Verde Ecologista, José de la Peña e hijo del notario 20 de Quintana Roo, Benjamín de la Peña Mora.
Los citados personajes están al frente de la asociación civil Nabe, a la que le fueron congeladas sus cuentas de banco por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el 9 de febrero pasado.
El embargo financiero forma parte de una investigación penal activa contra la mafia rumana encabezada por Florian Tudor, actualmente preso en el Penal del Altiplano en el Estado de México. Para combatir el embargo bancario de Nabe, el corredor interpuso el juicio de amparo 27580737 que fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito con sede en Quintana Roo, del que se le negó la suspensión provisional a los tres días que fue admitida la demanda de garantías.
Fuente: Luces del siglo
