El pasado dos de junio, a días de celebrase las elecciones locales en Quintana Roo, un juez de Control Oral, radicado de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, vinculó a proceso a Karla Odeth Vivas Medina, por su probable participación en el homicidio de Ignacio Sánchez Cordero, crimen que sacudió la escena político electoral del estado el pasado 24 de febrero.
“Nacho” se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social en Puerto Morelos y era considerado virtual candidato del Partido Verde (PVEM) – en alianza con Morena y el PT – para suceder en el cargo a la entonces alcaldesa, Laura Fernández Piña, quien pidió licencia para contender por la diputación federal del Distrito 04, que obtuvo meses después.
Karla es hermana de Yazmín Vivas, esta última regidora de oposición durante la administración de Fernández Piña, y candidata a la presidencia municipal por el Partido Encuentro Solidario (PES) en la pasada elección.
Pasado el crimen y después de que su hermana fuese detenida el 28 de mayo e inculpada del homicidio del ex funcionario, la imagen de Yazmín se tambaleó y perdió la contienda, en la cual participó también Tirso Esquivel, candidato del partido Fuerza por México, ex secretario de Desarrollo Urbano del gobierno de Fernández Pina.
Yazmín funge como regidora del ayuntamiento presidido por la ganadora de la elección: Blanca Merari Tziu Muñoz, “la viuda de Nacho”, como rezaba el slogan de campaña de una ciudadana que, hasta ese momento, no figuraba en la escena política y hoy es la alcaldesa de Puerto Morelos.
La defensa legal de Karla Vivas afirma que, para lograr su vinculación a proceso, la Fiscalía General del estado (FGE) presuntamente fabricó registros de investigación como principal dato de prueba para inculparla. •O,PETSTAR La Industria Mexicana de Coca-Cola a través de PETSTAR recicla 6 de cada 10 La institución dio por cierta la declaración de un “testigo protegido” que surgió prácticamente de la nada e integró a la carpeta de investigación FGE/ QROO/ PM/ 02/ 62/ 2021, documentación con las firmas falsificadas de un servidor público a quien se hizo pasar -sin SU aparente consentimiento- como defensor de ese testigo
Además, omitió indicios que hubieran debilitado su acusación, como el cateo de una pretendida “casa de seguridad” ubicada en Cancún, en donde supuestamente se pactó el crimen, inmueble que en realidad es una vivienda habitada por dos adultos mayores. Este medio solicitó una entrevista con el fiscal. Óscar Montes de Oca, para conocer su versión sobre el tema, pero hasta el momento no se ha concretado. También se pidió entrevista con la alcaldesa, Blanca Merari Tziu, sin éxito. Juzgado federal ordena reponer procedimiento.
Las irregularidades del caso se extienden hasta alcanzar al Juez de Control Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Diego Emmanuel Peniche Caro, quien durante la audiencia de vinculación de aquel 2 de junio, se negó a admitir los medios de prueba que la defensa de Karla pretendía desahogar durante la audiencia. Se trata del testimonio de defensor público David S.H., quien figura en la carpeta de investigación como quien asistió al “testigo protegido” J.D.P.M.
El funcionario niega haber jugado ese papel e incluso desconoce la validez de su firma estampada en oficios que obran en el expediente. El otro medio de prueba no admitido por el juez de Control, es el peritaje de grafología del perito, Omar David Soriano Hernández, que acredita la falsificación de firmas, tanto del defensor público, como la del “testigo protegido”.
Como resultado, Karla Vivas fue vinculada a proceso, con medida cautelar de prisión preventiva. Actualmente se encuentra interna en la cárcel de Cancún, pero su juicio se lleva en Playa del Carmen. El 22 de junio su abogado promovió el amparo 730/2021, resuelto por el juez Cuarto de Distrito en Quintana Roo, Ricardo Ruíz del Hoyo, Chávez, el pasado cinco de octubre.
El juzgador resolvió dejar insubsistente el auto de vinculación en contra de Karla Vivas, con relación a la carpeta administrativa 171/ 2021 e instruyó la reposición inmediata del proceso, es decir, revisar nuevamente el caso, esta vez, tomando en cuenta los medios de prueba que Peniche Caro se negó a admitir y analizar. Conforme a lo anterior, el Juez de Control que vea el caso tendrá que dictar una nueva resolución, se lee en la resolución, verificada por este medio
El Juez Cuarto de Distrito también dispuso que la nueva resolución deberá ser dictada por el mismo juez de Control que vinculó a proceso a Karla Vivas, pero esto será imposible porque Peniche Caro fue cesado del cargo en septiembre, por “pérdida de confianza” de acuerdo con el Poder Judicial estatal, que así lo confirmó.
Las firmas falsificadas y el “testigo protegido” El “testigo protegido” J.D.P. fue detenido el 25 de mayo de este año, originalmente, por delitos contra la salud en Su modalidad de narcomenudeo, tres días antes de la aprehensión de Karla Vivas, según obra en la carpeta de investigación consultada. Al ser interrogado por la autoridad ministerial, no quiso hablar de su captura, pero sí del asesinato de Ignacio Sánchez Cordero.
“No es mi deseo declarar por cuanto a los hechos por los cuales me detuvieron, pero una vez que tuve una plática con mi defensor, es mi deseo dar información respecto a unos homicidios que sucedieron en Puerto Morelos, uno donde mataron al candidato Nacho a mediados de febrero de este año y otro donde atacaron a su esposa del muerto Nacho, de nombre Blanca, que también es candidata” se lee en la declaración que le es atribuida en el expediente.
Conforme al registro de esa entrevista, relató que presenció una reunión en una “casa de seguridad” localizada en el fraccionamiento Vista Real, entre sus patrones y una mujer de complexión robusta, de aproximadamente 40 años, a la que llamaban “La tía”, quien les entregó 300 mil pesos como adelanto para matar a “Nacho”.
“Querían apoyar a la hermana de ‘Alias La tía’, que iba a ser candidata de Puerto Morelos para ser presidenta municipal de un partido político”, ahondó J.D.P.M, quien manifestó que un día después de ese encuentro, Sánchez Cordero fue asesinado.
El 24 de febrero, día del homicidio, “Nacho” funcionario público de 43 años, nacido en Yucatán, llegó a una cafetería ubicada en el centro de Puerto Morelos, en donde se había citado con dos personas más para desayunar y ver el tema de su candidatura que, contrario a la percepción general, no estaba segura. Él lo sabía y el tema lo mantuvo abrumado un mes antes de su muerte, de acuerdo con testimonios consignados en la carpeta de investigación, en donde menciona también a las personas con las que mantenía rivalidad electoral, entre ellas, Tirso Esquivel y M. G., un ejidatario dedicado a la ve de terrenos en La Ruta de los Cenotes.
A las 9 horas un hombre armado entró al inmueble, se dirigió directo a Sánchez Cordero y le disparó en más de cinco ocasiones. Su escolta, un policía municipal de Cancún, no estaba presente. Su chofer se había ausentado para volver después y, una de las personas con las que se reunió intentó asistirlo, mientras la otra persona llamaba a la policía. Los agentes municipales llegaron a las 9:05 horas y, a las 9.20 el reporte entró al 911, según los reportes de la autoridad que fungió como primer respondiente y de la Policía Ministerial, que arribó al lugar a las 9:15, pero el funcionario ya había sido trasladado.
Una ambulancia privada llevó a “Nacho” al hospital Costamed, a donde llegó a las 9:13 horas, sin vida, conforme al reporte médico. Su esposa fue notificada, confirmó el hecho y presentó una denuncia ante la FGE. El homicidio cimbré estado.
En la declaración del “testigo protegido”, menciona que, a finales de abril, sus jefes y “La Tía” decidieron que también había que “chingarse a la viuda”, es decir a Blanca Merari, quien a la muerte de “Nacho” fue postulada por el PVEM como candidata a la presidencia municipal, puesto que obtuvo meses después.
La tarde del cuatro de mayo, agentes que custodiaban a Tziu Muñoz fueron amenazados con armas por cuatro personas, previo a un evento masivo de campaña, lo cual desató una persecución y un tiroteo. Los responsables huyeron hacia el monte, pero dejaron en el vehículo -con reporte de robo- armas y un celular rojo. La declaración que se atribuye al “testigo protegido”, fue supuestamente asistido por David S.H. presentado en el expediente como SU supuesto defensor legal, con todo V nombramiento.
