El gobernador del estado Carlos Joaquín González defendió el manejo financiero de la deuda pública que ha realizado su administración, pero para eso contradijo la información que emitió el mes pasado la calificadora internacional Fitch Ratings sobre el saldo de los créditos bancarios contratados por la entidad así como sobre su calificación crediticia, a pesar de que son datos oficiales de la propia Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado.
Sobre el tema, el pasado martes en Chetumal Carlos Joaquín dijo que se han difundido noticias falsas referentes a la deuda pública y la calificación crediticia de la entidad, y que su gobierno heredó una deuda de alrededor de 20 mil millones de pesos acumulados por otras administraciones además de que ha mejorado la calificación de la deuda.
“Como ustedes recordaran yo heredé una deuda de 20 mil millones de pesos en créditos que vienen desde el 2008, al 2009, desde ahí viene esa deuda. Nosotros hicimos un refinanciamiento para tener mayor liquidez, porque de otra manera era imposible llevar a cabo las acciones del estado”, explicó.
Agregó que “además porque estaban contratados a tasas altísimas, posiblemente por temas de corrupción. Entonces, hemos podido disminuir las tasas considerablemente, hemos logrado tener mayor liquidez, y hemos cuidado a fondo el tema financiero del estado. Te puedo decir que hay manejo muy responsable de las finanzas públicas”.
En cuanto a la calificación crediticia del estado, el gobernador dijo que “la calificación crediticia ha venido mejorando de negativo a estable, estamos en tres B estable (BBB estable), la tomamos en tres B negativo (BBB-), estamos en tres B estable a pesar los montos de deuda con los que tomamos el estado”, dijo.
Carlos Joaquín también afirmó que a pesar del impacto económico por la pandemia y la caída de los ingresos del estado en 2020, se logró recuperar para 2021 un techo financiero superior a los 34 mil millones de pesos de presupuesto estatal.
Contratación de créditos a largo corto plazo y baja de calificación crediticia
Sin embargo, la información que el gobernador dio respecto al monto de la deuda y la calificación de la capacidad crediticia del estado es por lo menos errónea e inexacta, pues no corresponde a la información que la misma Sefiplan tiene publicada en sus reportes de la deuda, ni con la que difundió la calificadora internacional Ficth Ratings cuando bajó la calificación de Quintana Roo el mes pasado.
La contradicción más notoria es que Carlos Joaquín dijo que la calificación del estado está en BBB (triple B), pero precisamente Fitch Ratings informó en el mes de junio que bajó la calificación crediticia de Quintana Roo a BBB- (triple B negativa).
La calificación triple B (BBB) es precisamente la que perdió el estado en junio al bajar su calificación un peldaño de la escala de Fitch Ratings.
La perspectiva de la deuda también bajó desde junio del 2020 de positiva a estable, que significa que no es previsible que mejore o empeore su calificación en los próximos meses, también a causa de la contratación de créditos de corto plazo y anticipando que la pandemia del Covid-19 causaría más complicaciones al estado por caída de ingresos, según el reporte de Fitch Ratings.
Cabe mencionar que la misma calificación tiene asignada al estado de Quintana Roo la otra agencia a la cual recurre para evaluar su calidad crediticia, HR Ratings, que le asignó al estado BBB- (triple B negativo) desde el 2020, lugar al que lo bajó del máximo de BBB (triple B) que tenía en 2019.
La segunda contradicción es que Carlos Joaquín dijo que heredó una deuda de 20 mil millones de pesos; pero la deuda al momento de la entrada de su administración era de 19 mil 169 millones de pesos, sólo en créditos a largo plazo, pues no heredó créditos bancarios a corto plazo.
Asimismo, el gobernador sólo habló de los créditos a largo plazo para los que realizó una reestructuración, y cuyo saldo hasta marzo pasado era de 18 mil 931 millones de pesos; es decir, ha podido reducir 238 millones de pesos de la deuda a largo plazo en 5 años de su administración.
En contraste, Joaquín González omitió mencionar como parte de la deuda con la banca los más de 2 mil 300 millones de pesos que contrató como créditos a corto plazo, pagaderos a plazos de un año, en el 2020, y que la calificadora Fitch Ratings tomó como principal razón para bajar la calificación crediticia del estado.
Dichos créditos a corto plazo son reconocidos por la titular de Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, quien inclusive dijo que se buscará pagarlos en su totalidad a los bancos al finalizar el 2021; pero el gobernador no los reconoce públicamente.
Hasta el mes de marzo de 2021, estos créditos de corto plazo habían bajado a mil 643 millones de pesos, desde un monto de 2 mil 384 millones de pesos que habían acumulado de saldo para diciembre del 2020.
La mayoría de los créditos a corto plazo fueron contratados por la baja de ingresos fiscales que causó la crisis del Covid-19, y junto con este factor son la base que las calificadoras tomaron para bajar la calificación del estado a BBB- (triple B negativo).
Por esa razón, según los reportes de la Sefiplan, el saldo total de la deuda pública directa del estado al cierre del 2020 llegó a 21 mil 393 millones de pesos, monto que al final de marzo del 2021 ya había bajado a 20 mil 527 millones de pesos.
Pero las calificadoras toman como referencia de sus últimas evaluaciones el saldo del cierre del año, por lo que calificaron la deuda total del estado con un saldo de más de 21 millones de pesos, que incluye los préstamos a largo plazo y corto plazo con los bancos, la que llaman Deuda Directa Ajustada (DDA).
Cabe recordar que en un comunicado emitido el pasado 23 de junio, la calificadora Fitch Ratings dio a conocer que bajó la calificación de la capacidad crediticia del estado de Quintana Roo de BBB (triple B) a BBB- (triple B negativo) con perspectiva estable, en un reporte emitido en el contexto de la negociación de una nueva deuda de 820 millones de pesos que gestiona el gobierno del estado como adelanto de aportaciones federales.
Aquí otro detalle es que las calificaciones triple B (BBB+, BBB y BBB-) significan un grado de inversión que indica un riesgo de crédito con rango de relativamente bajo a moderado, de acuerdo con Fitch Ratings.
Y una calificación BBB- (triple B negativo) se encuentra en el séptimo escalón de la escala óptima de Fitch, lo que significa que Quintana Roo se encuentra a un peldaño de perder el grado de inversión y colocarse en las notas consideradas especulativas, lo que significa que los bancos le subirán las tasas de interés al negociar créditos.
En el caso de Quintana Roo, la agencia explicó que la baja de calificación refleja la liquidez presionada a consecuencia de la disminución de ingresos fiscales por la pandemia del Covid-19 y su impacto en la economía estatal, los cuales implicaron la contratación de créditos de corto plazo por más de 2 mil millones de pesos, un monto mayor al reportado en 2019, y cuyo pago tiene una elevada concentración como máximo en 2022, dice el reporte.
La calificadora menciona que al cierre de 2020, el saldo de la deuda de corto plazo eran de 2 mil 071.9 millones de pesos, pero llegó a ser de 2 mil 384 millones, por créditos que se destinaron a inversión y transferencias relacionadas con la pandemia.
De acuerdo a lo establecido por ley, las obligaciones financieras de corto plazo deben ser liquidadas totalmente a más tardar tres meses antes del cambio de administración en turno, que para el caso de Quintana Roo termina en septiembre de 2022.
De hecho, Fitch considera que en la calificación del estado podría bajar si el gobierno del estado continúa contratando créditos de corto plazo, pues pueden poner en riesgo su capacidad de pagarlos tres meses antes de concluir la gestión de Carlos Joaquín; pero observa que hasta marzo del 2021 no se había vuelto a contratar créditos de corto plazo.
“Si bien el monto actual de obligaciones de corto plazo no tiene un riesgo elevado de incumplimiento, pues a marzo de 2021 no se han adquirido créditos nuevos de corto plazo, la contratación de créditos adicionales o un deterioro mayor en la posición de liquidez elevaría el riesgo de incumplimiento. Fitch dará seguimiento a las políticas de endeudamiento adicional del Estado”, advierte la agencia.
Otra contradicción con la política de imagen que quiere promover el gobierno de Carlos Joaquín sobre el manejo de la deuda es que la agencia Fitch Rating considera que el saldo de la deuda pública a largo plazo se elevará al cierre del 2021, por la contratación de los 820 millones de pesos como adelanto de aportaciones federales.
Lo anterior porque el discurso del gobierno es negar que el crédito de 820 millones de pesos que está por contratar sea parte de la deuda pública, sólo porque no están garantizados con recursos de las participaciones federales sino con recursos de la partida de aportaciones federales procedentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Fuente: Cambio 22
