- La subvención federal al proyecto quedó condicionada a cumplir antes con la tramitación de permisos ambientales
- En mayo pasado la Agepro determinó contratar un despacho para tramitar permisos de zona federal de terrenos en la laguna
- El proyecto está pospuesto al 2022
Una de las principales causas del retraso de la obra del Puente Vehicular Nichupté al 2022, es la tardanza que ha tenido el gobierno de Quintana Roo, a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), para tramitar los permisos para el uso de la zona federal y para construir en la laguna y sus orillas.
La situación es que, a seis meses de la autorización del Congreso del Estado para constituir la Asociación Público-Privada (APP) para el puente, la Agepro no cuenta con tales permisos, e inclusive determinó contratar un despacho que le preste la consultoría jurídica para efectuar esos trámites ante las dependencias federales, porque el propio órgano paraestatal, encabezado por Eduardo Ortiz Jasso, al parecer no cuenta con personal competente para dedicar a esas tareas.
Cabe recordar que diario Cambio 22 informó sobre el retraso de la construcción del puente Nichupté hasta el 2022, y que por lo mismo la licitación se ha pospuesto al tercer trimestre del 2021 y la constitución de la APP hasta el cuarto trimestre del presente año.
Esto luego de que no se pudieron cumplir las primeras fechas que se pusieron como metas para iniciar la construcción, que en un inicio fue marzo del 2021 y luego junio.
Para la obra se espera una aportación de la empresa privada asociada de 2 mil 600 millones de pesos para la construcción, mientras que la federación prometió aportar 2 mil millones de pesos a la obra.
Con esas aportaciones se cubre el costo de construcción de la obra, proyectado en 4 mil 600 millones de pesos, pero la realización depende de que el gobierno federal haga efectiva la entrega de los 2 mil millones de pesos que anunció, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.
De hecho, en su presentación ante diputados, los titulares de la Sefiplan y Agepro dijeron que la obra se realizará ahora, porque es en este momento que se tiene el compromiso de la aportación federal y la tienen que aprovechar, y en contraparte afirmaron que de no estar segura la entrega de los fondos federales, el proyecto se cancelará e inclusive ni siquiera iniciará.
Y al parecer la promesa de esa aportación federal está detrás de los retrasos que ha tenido la obra, porque su entrega ha sido condicionada al cumplimiento previo de requisitos de la normatividad ambiental.
Lo anterior queda asentado en el documento denominado “Términos de Referencia: Acompañamiento legal ambiental y regulatoria en relación con la construcción del puente vehicular Nichupté, en el estado de Quintana Roo”, y que sirvió para lanzar la licitación de la contratación del despacho que preste dicho servicio, realizada en el mes de junio, sin que hasta el momento se haya dado a conocer el monto del contrato y el despacho contratado.
Las referencias para la licitación dicen que el Proyecto se presentó ante el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en una gira de trabajo realizada por el estado, lo que derivó en el anuncio de una aportación por 2 mil millones de pesos para el Proyecto y con fecha 5 de octubre de 2020, el presidente de la República lo ratifica en su conferencia matutina.
“La subvención al proyecto, originó las opiniones de instancias de orden federal, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como sus dependencias CONANP, ZOFEMAT y DGIRA, debido o a que el proyecto consiste en una vialidad urbana que cruzará el Sistema Lagunar Nichupté sitio de características particulares y alta sensibilidad ambiental, social y económica; factores que convierten al proyecto de gran interés público y por lo que tanto su diseño e implementación serán sumamente observados, siendo fundamental que el proyecto cumpla con los instrumentos legales que le resulten aplicables”, expone el documento.
“Las mismas características ambientales representan un factor delicado en el manejo del proyecto hacia la comunidad y a grupos particularmente interesados en el tema, por lo que es importante que la Agepro cuente con un acompañamiento legal especializado a fin de asegurar el cumplimiento del proyecto con las disposiciones legales aplicables; este acompañamiento generará las condiciones que conduzcan a su acercamiento y retroalimentación que permita una implementación exitosa del proyecto.
Por lo antes expuesto, se busca garantizar las consideraciones legales ambientales que deban ser cubiertas para que el proyecto obtenga los permisos, autorizaciones y concesiones que se requieren para llevar a cabo el proyecto y que deben de emitir autoridades como SEMARNAT, CONANP y la Zona Federal Marítimo Terrestre, por concurrir en acuerdos de destino y áreas protegidas”.
Todo lo anterior se expuso para justificar la contratación de un servicio de “Acompañamiento legal ambiental y regulatoria en relación con la construcción del puente vehicular Nichupté, en el estado de Quintana Roo”.
Mediante este despacho, la Agepro espera obtener: El Acuerdo Administrativo de Destino de ZFMT en ambos extremos de la laguna Nichupté; la Concesión para la Ocupación de terrenos federales cuya administración compete a la CONAGUA; así como el Permiso de Construcción de Obras en zona federal marítimo terrestre y para Realizar Obras de infraestructura hidráulica en cauces y zonas federales, documentos de los que actualmente carece.
Esto es adicional a la Manifestación de Impacto Ambiental, aunque supuestamente ya está elaborada, pero se reconoce que es susceptible de modificaciones, además de que todavía no está autorizada.
Agrega la Agepro que “la dimensión del proyecto, así como la dinámica que el Proyecto Puente Vehicular Nichupté ha adquirido, así como los plazos en los que deben ser cumplidos por el Estado, exige de manera expedita contar con el servicio antes expuesto; por tal motivo y en función de tener una capacidad de respuesta ante los retos inmediatos.
Con motivo de lo antes expuesto; es necesaria la contratación del servicio para la consecución de los objetivos planteados por la AGEPRO, para contar con un adecuado balance y una total certeza jurídica ambiental”.
Conforme al documento, el despacho contratado por la Agepro tendrá entre sus principales tareas:
“1. Revisión de la factibilidad regulatoria y ambiental del Proyecto, considerando:
- Determinar la viabilidad jurídica del desmonte y afectación de los manglares y pastos marinos;
- Revisión de la Autorización de Impacto Ambiental del Parque Cancún, determinación de posibles modificaciones a la misma como consecuencia del Proyecto y establecimiento de las acciones necesarias para ese fin;
- Revisión de los usos de suelo específicos previstos y disposiciones relacionadas con los instrumentos aplicables como el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (2018-2030) y el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Benito Juárez, a fin de determinar compatibilidad y/o acciones requeridas para garantizar la viabilidad del Proyecto; y
- Determinar las acciones legales a implementar en zonas que se encuentran afectadas por otras entidades, incluyendo zonas asignadas o destinadas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Parque Cancún y el Fondo Nacional de Fome to al Turismo (FONATUR), en su caso para la ejecución del Proyecto
- Revisión legal y en su caso, modificación del Capítulo III de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto (vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables).
- Preparar un Reporte en el cual se refleje el análisis jurídico ambiental sobre la viabilidad del Proyecto, indicando si se requiere autorización por parte de otras dependencias u organismos.
- Preparar un Plan de Acción que establezca las acciones a llevarse a cabo a fin de que el proyecto pueda desarrollarse legalmente.
- Zona Federal Marítimo Terrestre y Zona Federal de la Laguna.
- a) Preparación de la solicitud de cesión, renuncia o modificación de los Acuerdos Administrativos de Destino de Zona Federal Marítimo Terrestre o el instrumento que se determine, para lograr el objetivo; así como la preparación de la solicitud de concesión para la ocupación de terrenos federales cuya administración compete a la CONAGUA;
- b) Revisión de los expedientes de solicitud de Permiso de Construcción de Obras en zona federal marítimo terrestre y para realizar Obras de Infraestructura Hidráulica en cauces y zonas federales;
- c) Seguimiento con autoridades hasta la emisión de las resoluciones.
En resumen, la Agepro indica que el consultor brindará acompañamiento legal en todo lo que se relacione con la factibilidad regulatoria y ambiental del Proyecto hasta la obtención de las Autorizaciones de Impacto Ambiental, Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales y Zona Federal Marítimo Terrestre (en Acuerdo de Destino).
El tiempo de contratación para el acompañamiento y para el desarrollo de los entregables será un plazo de tres meses a partir de la firma del contrato para los análisis y gestiones, en tanto que el tiempo para esperar las resoluciones oficiales dependerá de las propias autoridades federales competentes.
La Agepro recuerda que el puente vehicular Nichupté tiene el objetivo de proveer una nueva conexión vial entre el polo urbano de Cancún o entronque oeste específicamente en la glorieta Monumento Antigua Torre de Control, denominado distribuidor vial Kabah, donde convergen las Avenidas Bonampak, Kabah y Tulum la cual, continuando su recorrido al sur toma el nombre de Av. Luis Donaldo Colosio; continuando en gran parte de su longitud en el Sistema Lagunar Nichupté y librando en su totalidad el área natural protegida de Manglares de Nichupté hasta llegar al polo turístico o entronque este, en el Km 13.0 de la Zona Hotelera a la altura del Plaza Kukulkán.
De allí la importancia de sus condicionantes ambientales, como la Manifestación de Impacto Ambiental, que la Agepro dijo que será entregada por la APP hasta que se haya constituido, según la respuesta que dio a una consulta del diputado José Luis Guillén López en el proceso de autorización que dio el Congreso en diciembre pasado.
