Entre columnistas
Elecciones y violencia
Julian Santiesteban
Con un déficit estatal de por lo menos 500 policías, con un mando único que, evidentemente, no ha dado los resultados esperados y con una Secretaría Estatal de Seguridad Pública en Quintana Roo que ni siquiera tiene un titular, sino apenas un encargado de despacho, es comprensible que los delitos se hayan incrementado sustancialmente desde 2016 y que la administración de Carlos Joaquín González ni siquiera haya respondido la solicitud hecha por el Instituto Electoral local para brindar protección efectiva a los candidatos y candidatas que, en este proceso electoral, han sufrido ataques y amenazas a su integridad. No pueden garantizar esa condición para los aspirantes, es claro.
No puede, sin embargo, perderse de vista que, en esta clara omisión, hay responsabilidades concurrentes entre los gobiernos de todas las entidades federativas y de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, pues este último prometió incluso, en alguna “mañanera” desde Palacio Nacional, que se brindaría protección a los candidatos, e incluso la titular de Seguridad a nivel nacional, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, anunció que se diseñó un protocolo que comienza con la denuncia que cada aspirante haga, pero nada ha ocurrido, por lo menos en Quintana Roo, en donde ya se cuentan casi una decena de amenazados y agredidos y dos asesinados: Ignacio Sánchez Cordero (Puerto Morelos) y Flor de María Ballina Sánchez (Isla Mujeres), a quienes se sumó ayer Alfredo Partida Esparza, colaborador del alcalde Pedro Joaquín Delbouis, quien persigue la reelección en Cozumel.
¿Incapacidad u omisión deliberada? Para el caso da igual, los aspirantes andan en campaña desprotegidos, como desprotegidos están los quintanarroenses, en esa condición hay aparente parejura; con una pequeña diferencia: los candidatos y candidatas suelen tener los recursos suficientes para pagarse camionetas blindadas y guardias privados. Jodidos los ciudadanos “de a pie”, que tenemos que vivir cada vez con mayor resignación la lamentable realidad.
En Tulum, el chirrión por el palito
Anwar Moguel
La desesperación es mala consejera, dice un proverbio de batalla que al parecer no conoce el alcalde con licencia Víctor Mas Tah, que ante la urgencia de acortar distancias con su aventajado rival de Morena, Marciano Dzul Caamal, desató una guerra sucia que, como era de esperarse, se le está revirtiendo.
Y es que en tan sólo una semana el equipo de “flamantes” estrategas de Mas Tah le han querido endilgar a Marciano una balacera, un robo a oficinas del Ayuntamiento (que toooodo Tulum piensa que fue un autorobo), una supuesta investigación de la UIF y lo que se acumule.
Pero ni para eso fueron inteligentes. Los señalamientos perdieron peso justo por el exceso de “eventos” que le achacan a Dzul Caamal, insultando con ello la inteligencia de los votantes que en las mismas redes sociales se pitorrean de la forma tan burda e infantil con que pretenden engañar a la ciudadanía, por lo que en lugar de ayudar a Víctor, le ha perjudicado aún más a su imagen.
Lo que si se ganó Víctor Mas, fue una queja de la coalición que encabeza Morena por la difusión de noticias falsas ante el INE y el IEQROO, que tendrán que jalarles las orejas por no jugar limpio.
Las pésimas cuentas del titular de Seguridad Pública y del Fiscal
Javier Chávez Ataxca
Las calificaciones reprobatorias de Seguridad Pública Estatal y de la Fiscalía General del Estado hacen indefendibles a sus titulares: Lucio Hernández Gutiérrez y Óscar Montes de Oca Rosales, ajenos a Quintana Roo. Y si bien Lucio Hernández –otro fuereño– ha permanecido en una situación indefinida desde el retiro estratégico de Jesús Alberto Capella Ibarra, no ha sido capaz de mejorar el estado del paciente que se convulsiona a menudo por las acometidas de la violencia que deja a contados municipios a salvo.
El tratamiento de Capella comenzó a ser aplicado desde que fue designado el 26 de septiembre de 2018, cuando relevó al chetumaleño Rodolfo del Ángel Campos. Pero el publicitado “Mando Único” hizo avanzar la gangrena de la inseguridad con indicadores contundentes. El tiroteo del nueve de noviembre ante el Palacio Municipal de Benito Juárez (Cancún) precipitó la salida de Capella –sorprendido en su natal Tijuana– porque los policías dispararon contra manifestantes que protestaban por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado. El baño de sangre pudo ser fatal.
Montes de Oca no ha sido el experto que reclama la Fiscalía. Su llegada fue bien recibida por los malísimos resultados de Miguel Ángel Pech Cen, pero los homicidios y otros delitos se le siguen acumulando a la segunda gran contratación de este sexenio. Los asesinatos han ocurrido al calor del proceso electoral y la Fiscalía ha decidido jugar a la política, difundiendo el cateo a la vivienda de Tirso Esquivel Ávila una semana antes del inicio de su campaña como candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Puerto Morelos.
A Tirso quisieron sacarlo de la competencia al involucrarlo en el asesinato de Ignacio Sánchez Cordero, secretario municipal de Desarrollo Social e inminente candidato del Verde Ecologista y Morena a la alcaldía norteña. Pero el tiro le salió por la culata a la Fiscalía.
