La defensa de la zona limítrofe en litigio con Campeche, es un acto de simulación por parte de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, ya que de manera negligente e injustificada, no se presenta a las audiencias programadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para el desahogo de pruebas y alegatos dentro del recurso de queja 1/2021-CC derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 226/2019, aseguró el abogado Andrés Blanco Cruz.
El litigante especialista en el derecho al agua de las comunidades indígenas, explicó que el Gobierno del Estado de Campeche , interpuso una queja ante la SCJN, alegando que la ejecución de los amparos favorables para que Quintana Roo, dote de agua potable a las comunidades de Guillermo Prieto, Felipe Ángeles y Caña Brava, vulneran su soberanía y por lo cual fueron notificados tanto la Consejería Jurídica del Estado, la Capa y el Ayuntamiento de Othón P Blanco para la defensa del territorio, lo cual no fue atendido por el órgano jurídico de la entidad.
Reveló que al tener una repercusión en lo que respecta a los amparos favorables para las comunidades amparadas pertenecientes a Othón P Blanco, se le ha dado seguimiento al recurso de queja promovido por Campeche, donde mediante la lista de estrados se pudo constatar que la Consejeria Jurídica del Gobierno de Quintana Roo no se presentó a la audiencia programada por la SCJN el día 13 de abril, para el desahogo de pruebas y alegatos, esto en razón a que se presentaron fuera de la hora programada.
“Solo son declaraciones a los medios de que no se va a ceder ningún centímetro del territorio quintanarroense, pero en los hechos es pura simulación ya que en la realidad no se está atendiendo el tema jurídico por parte de la Consejería Jurídica, instancia que incluso ha contratado despachos externos sin que se tenga resultados al respecto” sentenció.
Refirió que estos actos por demás irresponsables y negligentes pareciera ser una estrategia de la Consejeria Jurídica para perder el recurso promovido por Campeche ante la SCJN, con la finalidad de no invertir los 100 millones de pesos presupuestados en el presente ejercicio fiscal por el Congreso de Quintana Roo, y detener el proyecto que dotaría de agua potable a la población de las 3 comunidades en cuestión, mediante la entrega a Campeche, del 10 por ciento del territorio, es decir, 4 mil 800 kilómetros cuadrados del estado.
No obstante, dijo que pese a la negligencia de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, que encabeza Jesús Antonio Villalobos Carrillo, con cargo al erario público de poco más de 18 millones de pesos en el presupuesto fiscal 2021, de manera alterna ha presentado los argumentos a la SCJN, en el que se fundamenta que de ninguna manera se vulnera la soberanía de Campeche, ya que se han acreditado ante los Juzgados Federales en Zacatecas y Quintana Roo que estas comunidades son quintanarroenses, además de que han presentado las carpetas básicas de cada una de estas localidades donde consta que son del municipio de Othón P Blanco.
Finalmente, Blanco Cruz, hizo un llamado a los 3 poderes en Quintana Roo, para que se le exija a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, como representante del estado ante la SCJN, deje las simulaciones y omisiones y se atienda la queja promovida por Campeche, y no se le dé espacio legal para avanzar en sus pretensiones en detrimento de la soberanía del estado ni de los pobladores de Guillermo Prieto, Felipe Ángeles y Caña Brava.
