El Senado de la República discutirá mañana el dictamen que propone modificar artículos de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), para efectos de disminuir la franja costera de zona federal marítimo terrestre (Zofemat), de 20 a 10 metros, lo que provocará impactos ambientales negativos, económicos y sociales, alertaron científicos, académicos y especialistas.
Reunidos en una mesa de discusión, surgida de manera emergente, el doctor Rodolfo Silva Casarín, del Instituto de Ingeniería de la UNAM; Jorge Iván Cáceres, de la consultora Maris Integral; David Arroyo Osorio, de México Legal; y por el Instituto Nacional de Ecología (INECOL), Patricia Moreno Casasola Barceló, María Luisa Martínez Vázquez y Jorge López Portillo, expusieron las potenciales implicaciones de aprobarse las reformas a los artículos 7 y 119 del mandato.
Entre los impactos, citaron la disminución de la mitad de los recursos económicos que México recibe de las concesiones, para financiar programas de inspección, vigilancia, conservación, limpieza y protección de la zona federal en 17 entidades costeras: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Tan solo en 2017 la recaudación en 165 municipios costeros de 17 entidades, del derecho por el uso, goce y aprovechamiento de la zona federal, le significó al gobierno mexicano 677 millones 300 mil 077 pesos, de acuerdo con lo reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).
La entidad con mayor recaudación fue Quintana Roo, con 280 millones 665 mil 793 pesos, de acuerdo con Cáceres Puig, quien dijo que el 100 por ciento de los recursos de zona federal son ejercidos por los municipios costeros; el 70 por ciento del recurso va para programas sociales y gasto corriente; y el otro 30 por ciento que corresponde al Fondo de Zofemat -que aportan el estado, el ayuntamiento y el gobierno federal- se emplea para vigilancia, inspección, limpieza y otras actividades.
Además de la reducción de recursos, la aprobación de la iniciativa provocaría dificultades para proteger ecosistemas costeros como manglares y otro tipo de humedales; desprotección a tortugas marinas -al disminuir recursos públicos para financiar programas de salvaguarda, como los existentes en Quintana Roo-; disminución de la superficie concesionada a las autoridades ambientales -a través de acuerdos de destino- para conservación; e innumerables problemas legales.
¿En qué consiste el dictamen?
La iniciativa fue presentada por el senador por Quintana Roo, José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 2 de septiembre de 2020 y se turnó a comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, que la analizaron, estudiaron y dictaminaron.
Los especialistas advirtieron que, con el falso argumento de que las playas serán bienes públicos que se puedan disfrutar de forma libre y gratuita -lo que ya está en la ley- se invocó el precepto de “justicia social”, en busca de reformar el artículo 7 y 119 de la LGBN.
El artículo 7 sería modificado para ampliar las playas marítimas 10 metros, lo que incluye precisar que las playas marítimas serán de uso público, con acceso libre y franco a ellas y al mar, siempre garantizado, en cualquier dirección y sentido, por lo que “no puede haber una erogación” para su acceso, obstaculizar o prohibir el paso, ni ser usadas como propiedad privada.
El artículo 119 de la misma ley, busca reducir la zofemat, de 20 a 10 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas marítimas, así como de los lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina que se comuniquen directa o indirectamente con el mar, lo que se traduce en la ampliación de 10 metros el área de playa pública.
“Con ello se evitaría incurrir en la afectación de la propiedad privada actual. En el mismo sentido, es importante clarificar el concepto de Zona Federal Marítimo Terrestre previsto en el artículo 119, pues la ley vigente usa el término ‘playas’ cuando el artículo 7 conceptualiza el término ‘playas marítimas’”, se lee en el dictamen, cuya discusión se aplazó de martes a jueves.
Los impactos
Las y los panelistas coincidieron en que lo anterior no tiene ningún beneficio y sí provocará diversos perjuicios de corte ambiental, económico, social y legal.
“La parte ambiental será un caos; no le veo ninguna ventaja, no va a funcionar, va a generar muchos problemas”, dijo María Luisa Martínez, quien señaló que la iniciativa posee muchos huecos, resultado de no haber consultado a especialistas en materia costera.
En tanto, Silva Casarín indicó que ni siquiera cumple el objeto de liberar las playas. “Sí es necesario modificar la Ley, pero no en este sentido; deberíamos enriquecer y tratar de ayudarles en el objetivo que persiguen, porque es bastante válido”, aclaró.
David Arroyo Osorio manifestó que, legalmente, “va a generar innumerables controversias judiciales en cuanto a concesiones y aprovechamientos y las obras; vamos a pensar que en una franja de 20 metros hay cinco concesionados, con obras y pierde 10 metros, al no existir una definición, ¿qué va a pasar con esas instalaciones? Podría haber una expulsión y eso traerá consecuencias legales”.
“Texto encantador”, contrasta con realidad
Luego de calificar el contenido del dictamen como parte de los “textos encantadores”, agregó que la iniciativa sobre regula y complica con “parches”, las deficiencias de la zona costera.
“El dictamen propuesto es muy encantador, puede enamorar a cualquier ciudadano; queda enamorado, encantado al escuchar que las playas al fin quedarán libres; que nadie les va a cobrar por usar la playa, pero en la realidad es que es una copia de segmentos de legislaciones de países como España, Brasil o Costa Rica, que en algunas partes puede tener similitud, pero no es igual.
“Las Comisiones consideran que la zofemat únicamente es concesionable para uso de hoteleros, de restauranteros o de casas habitación de lujo y esto no es así. El error es que olvidan que la LGBN señala que la zofemat es inembargable, inalienable -que nunca se podrá vender- e imprescriptible, es decir los derechos de la Nación no se pierden; de este modo su tutela se puede otorgar a las propias autoridades y a ciudadanos”, explicó.
Esto significa que la concesión puede ser de protección u ornato, que debe mantenerse en su estado alguno, sin actividad de lucro alguno o instalación. También hay acuerdos de destino, cuando la tutela queda en manos de la autoridad, especialmente para conservación.
“Otro de los grandes errores es que mencionar ‘playa marítima’ es una línea recta paralela a la costa (…) si intentamos delimitar las playas marítimas o la zofemat, no hay manera de hacerlo armoniosamente, porque el transitorio señala que las concesiones vigentes mantendrán su propia franja de 20 metros o más, si tiene terrenos ganados al mar.
“Bajo este contexto, las concesiones de protección y ornato tienen vigencia de 5 años; aunque no entren ahorita a ver si se prorroga, cada 5 años estará sujeta a que le reduzcan la superficie concesionada y eso abre espacio para un sinnúmero de actividades que no tienen control y las concesiones para actividades económicas tienen vigencia de 15 años”, señaló.
Lo anterior significa que de aprobarse el dictamen se posibilitará la reducción de las concesiones de ornato-protección, cada cinco años, y renovándose se mantendrán durante al menos 12 años las que se interesa mantener a raya.
“Entonces el ánimo de este documento no sirve, no funciona, porque se escribió muy bonito, pero no se le consultó a nadie, ni a expertos”, reprochó, al señalar que hay todavía más errores.
Para Jorge Cáceres Puig, votar a favor el dictamen tendrá consecuencias económicas adversas para municipios y federación, al perder la mitad de la recaudación, pero obligándoles a que mantengan las actividades de vigilancia, conservación y programas de protección.
“Este es un llamado a los municipios ante el problema que se les viene encima, de aprobarse”, alertó.
Silva Casarín señaló que, de aprobarse la modificación, será más complejo proteger a los manglares. “Imagínense ustedes delimitar la zona federal en los humedales de marismas nacionales o en Alvarado… es muy difícil”.
Además, hay argumentos falaces para fundamentar las reformas -señaló- como el afirmar que no hay evidencia de que con la explotación de la zona federal en Cancún, Playa del Carmen o Cozumel no se ha traducido en más ingresos por ese concepto, ni beneficios sociales.
“Esto no es cierto. Cancún, Cozumel y Playa del Carmen son los sitios que más dinero reciben por el uso de la zona federal, de manera que otra vez tenemos una afirmación que no tiene base en datos para ser probada”, sostuvo.
