La XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó la autorización de endeudamiento público por 820 millones de pesos a un plazo de 20 años que solicitó el gobernador Carlos Joaquín González, para realizar obras de infraestructura con recursos adelantados del Fondo de Aportaciones a las Entidades Federativas (FAFEF).
En el decreto, se autorizó al Ejecutivo a pagar esta deuda con recursos provenientes de hasta el 25 por ciento de los ingresos anuales del FAFEF y cualquieras otros ingresos que el estado pueda afectar para el servicio de esta deuda, es decir, para devolver el préstamo y pagar sus intereses.
La aprobación la realizaron 17 de los diputados asistentes, con sólo 3 votos en contra. Votaron a favor de este endeudamiento nuevo sobre los quintanarroenses los diputados del PAN Eduardo Martínez Arcila, Kira Iris San, Aurora Concepción Pool Cauich y María Yamina Rosado Ibarra; del PRD, Pedro Pérez Díaz e Iris Mora Vallejo; del PVEM, Tyara Schleske de Ariño, Judith Rodríguez Villanueva, Gustavo Miranda García y José de la Peña; del Morena, Fernando Chávez Zepeda y Paula Pech Vázquez; del PT, Ana Pamplona Ramírez y Hernán Villatoro Barrios; del PRI, Carlos Hernández Blanco; del MC, José Luis Toledo Medina; y la diputada sin partido Reyna Durán Ovando.
En contra se pronunciaron los diputados del Morena Edgar Gasca Arceo, Fernanda Trejo Quijano y Linda Cobos Castro; mientras que los demás diputados del Morena en activo, Euterpe Gutiérrez Valasis y Sarah Ismaid Pérez Endoqui, prefirieron no asistir a la sesión para no emitir un voto a favor o en contra.
Asimismo, la Legislatura no esperó a que se integren los suplentes de tres diputados con licencia que todavía no han tomado posesión, lo cual manipuló el voto a favor de la aprobación, al reducir el número de votos requerido para alcanzar las dos terceras partes requeridas, de 17 a sólo 13.
Los diputados aprobaron el endeudamiento, a pesar de que durante el análisis pusieron de relieve que el estado se encuentra en año electoral y en vísperas de iniciar las campañas, por lo que existe la fundada sospecha de que las obras servirán para apuntalar las campañas de la alianza PAN-PRD-PRI-CQR.
En su justificación, los diputados a favor dijeron que se trata de impulsar el empleo en medio de la crisis del Covid-19, pero ni en la sesión ni en las reuniones de comisiones ninguno de los diputados se preocupó por pedir que se establezcan garantías de que el gobierno del estado contratará mano de obra local para los proyectos, cuando existe la queja recurrente de que la administración de Carlos Joaquín ha privilegiado a empresas yucatecas.
Según el decreto, los recursos deberán ser destinados a uno o varios proyectos de la lista de 102 obras que el gobierno del estado presentó a los legisladores, y en un artículo transitorio se le estableció 90 días o 3 meses de plazo para indicar la lista definitiva de proyectos a las que se aplicará el adelanto de aportaciones federales.
Cabe mencionar que en la lista de proyectos se considera a 10 municipios y no están proyectos destinados al municipio de Solidaridad, sobre lo cual en las reuniones de comisiones la Secretaría de Obras Públicas dijo que se debió a que no ha habido coordinación del gobierno de ese municipio.
Cabe recordar que, según la Sefiplan, a esos 820 millones de pesos se sumarían 325 millones que les quedarían del FAFEF de este año, por lo que se tendrían mil 125 millones de pesos para obras de infraestructura en el 2021.
El dictamen dice que el Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) es de recursos de aportaciones federales etiquetados para obra pública, y permite su adelanto mediante programas llamados de potenciación de recursos federales, pero que son otorgados mediante préstamos bancarios.
Asimismo, expresa que el objetivo es hacer en corto plazo obras de infraestructura de mayor impacto en todo el estado es para acelerar la economía y contrarrestar la crisis económica y social del Covid-19.
Detalla que el monto del FAFEF que será utilizado por año será de hasta el 25 por ciento, mientras que el 75 por ciento restante será entregado cada año correspondiente para el uso que sus fines programáticos.
Manifiesta que el crédito será de tasa fija, y se obtendrá como resultado de una licitación convocando a bancos para contratar financiamiento en las mejores condiciones.
