La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un recurso de revisión interpuesto por Claudia Romanillos Villanueva, ex funcionaria del estado de Quintana Roo, señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) de vender a precio de remate terrenos de alto valor a los familiares del ex gobernador Roberto Borge.
El recurso de revisión fue turnado al ministro Luis María Aguilar Morales, por lo que la Segunda Sala de la Corte analizará si existió o no un acto arbitrario contra la ex titular del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), por parte de las autoridades locales, y si dicha situación puede repercutir en la imposibilidad para acceder a los medios de defensa necesarios para enfrentar los procedimientos iniciados en su contra.
El 17 de octubre de 2017, la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo, determinó imponer a Romanillos una sanción económica e inhabilitación por un año para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, consta en el expediente SGP/SSAJ/CGRSP/CRAJ/PAD00013/ 2017.
Sin embargo, el 6 de junio de 2018, dentro del juicio contencioso administrativo 16/2018-SU1-I, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo revocó el acuerdo dictado por la Primera Sala Unitaria, la cual admitió la demanda de nulidad de la ex funcionaria.
El Pleno del Tribunal local ordenó al magistrado instructor emitir otro acuerdo y desechar por improcedente la demanda contenciosa administrativa. Ante esa situación, Romanillos Villanueva promovió un amparo directo pero el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal le negó el amparo. Por este motivo interpuso un recurso de revisión.
La Suprema Corte determinó que sí hay cuestiones de constitucionalidad que deben ser analizados. “(…) se advierte que subsiste una cuestión de interpretación constitucional a la luz del principio de interdicción de la arbitrariedad, el cual revela importancia y trascendencia pude debe analizarse si existió o no un actuar arbitrario por parte de las autoridades que repercuta en la imposibilidad para que el justiciable pueda acceder a los medios de defensa conducentes”, señaló la Corte.
Claudia Romanillos Villanueva fue señalada por la FGR de haber participado en un lavado de dinero por 900 millones de pesos en el gobierno de Roberto Borge. El año pasado un Tribunal Colegiado echó atrás la orden de aprehensión librada en su contra y ordenó reponer el procedimiento.
Fuente: Milenio
