Sensibles a los riesgos de salud provocados con motivo de la pandemia del COVID-19 y por tratarse de un derecho contemplado en la Ley, el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General coordinadamente con el Poder Judicial a través del Juez de Ejecución Penal del Tribunal Superior de Justicia, han venido implementado un programa de preliberación por criterios de política penitenciaria a favor de personas privadas de la libertad que tengan una trayectoria interinstitucional con pronóstico favorable y que reúnan los requisitos exigibles por la Ley Nacional de Ejecución Penal, con especial atención a personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónica-degenerativa o terminal, entre otras.
Durante el último mes, han sido beneficiadas 16 personas que se encontraban privadas de la libertad por diferentes delitos, entregándose a sus familiares y bajo la supervisión de la Unidad de Medidas Cautelares, a través del área de seguimiento a sentenciados en libertad.
Para el Sistema Penitenciario del Estado de Quintana Roo, la consolidación de programas de beneficios de libertad anticipada, constituyen contundentemente el ejercicio del estado de derecho ya que conllevan a la fe, confianza y esperanza de los privados de la libertad para el cumplimiento de su plan de actividades, estricto comportamiento conductual, y activa participación escolar, trabajo, capacitación para el trabajo, salud y deporte, en sus aspiraciones para obtener su libertad debidamente reinsertados, impactando así a la desintegración de grupos de poder y neutralización de liderazgos negativos y por ende fortaleciendo la gobernabilidad de los centros penitenciarios del Estado (+ beneficios preliberacionales = mayor estabilidad institucional).
