Por Graciela Machuca Martínez
La violencia contra periodistas en el estado de Quintana Roo que ha dejado cuatro asesinatos, un desaparecido, desplazamientos forzados, amenazas, acoso judicial e intimidación entre otros agravios en contra de quienes ejercemos el quehacer periodístico, un escenario sumamente grave, amerita una acción urgente del Congreso del Estado para aprobar la nueva Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El pasado 4 de diciembre, un grupo de periodistas entregamos a la Oficialía de Partes del Congreso una iniciativa de ley, en nuestro carácter ciudadano, para que en la entidad vuelva a estar en vigor un instrumento jurídico que proteja los derechos de quienes ejercemos el periodismo, además, que esta actividad sea considerada de interés público, con la finalidad de hacer realidad la garantía de los derechos de Información, Libertad de Expresión y Libertad de Prensa, así como el derecho a defender derechos humanos, establecidos tanto en la Constitución federal, como en la de Quintana Roo.
Luego de tres años de intenso trabajo de un grupo de periodistas para elaborar una iniciativa de ley de protección, la XIV Legislatura del estado de Quintana Roo aprobó la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos de Quintana Roo, pero hace dos años, la XV Legislatura, por motivos que violentaron principios en materia de derechos humanos como el de no regresividad, y el de progresividad, determinó abrogarla, a pesar que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había avalado su contenido, excepto dos artículos que propuso su modificación, luego de un acción de inconstitucional promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los derechos a informar y a defender derechos humanos son fundamentales en una sociedad que aspira a la democracia y para ello es vital la participación ciudadana, por lo tanto, bajo el convencimiento de que la ciudadanía es para ejercerla, volvimos a reunirnos mujeres y hombres periodistas, con el apoyo de expertos en la materia, para elaborar una nueva iniciativa de Ley de protección.
Como parte de la sociedad entregamos la iniciativa a la Oficialía Mayor del Congreso, instancia que la remitirá al Pleno y de allí se derivará a la Comisión de Participación Ciudadana para que califique si cumple los requisitos que marca la normatividad, posteriormente, si es positivo el dictamen, regresará al Pleno, y por trámite, el presidente la remitirá a la Comisión de Derechos Humanos, más a otra que considere conveniente.
A partir de entonces se inician los trabajos de discusión y análisis por parte de integrantes de las referidas comisiones, quienes decidirán si elaboran un dictamen con proyecto de decreto para enviarlo al pleno.
Será un largo y arduo camino, mismo que ya fue recorrido durante la XIV Legislatura, pero echado por la borda por la XV Legislatura a consecuencia de intereses político-electorales y la mezquindad humana de algunas personas que tenían el poder, sin embargo, la vida de los compañeros asesinados, los desaparecidos y los deslazados lo vale. Sigamos adelante.
La división del gremio periodístico, los intereses políticos y económicos de organizaciones civiles, las resistencias de la clase política, son obstáculos que se podrán vencer si quienes integran la XVI Legislatura del estado de Quintana Roo, asumen su compromiso de respetar y hacer respetar la ley, como lo juraron, a la hora de rendir protesta como representantes populares.
Para la construcción de esta participación ciudadana ha sido fundamental el trabajo realizado por periodistas como Ángel Ramírez Hernández y Javier Chávez Ataxca, quienes representan al Colegio de Profesionistas en Comunicación y Periodistas del Caribe A.C., con el acompañamiento invaluable del colega Rubén Vizcaíno Aguilar, Anwar Moguel, Jesús Amador, Felipe Hernández, Julián Santiesteban y Erik León entre otros muchos.
Ahora contamos con una nueva iniciativa de Ley, sustenta en la ley abrogada, en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la opinión y asesoría técnica de expertos, en tratados internacionales, así como en la experiencia que nos da la realidad que vive el gremio periodístico y de las personas defensoras de derechos humanos, tanto en Quintana Roo, como a nivel nacional.
Los primeros pasos de este movimiento los dimos en Quintana Roo en el año 2011, cuando se entregó la primera propuesta al Congreso del Estado, siendo el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Espinoza Abuxapqui. La iniciativa surgió de varios periodistas locales Como Raymundo Martín Gómez Y Martha Juárez, con el acompañamiento del periodista Rogelio Hernández López, consejero fundador del Mecanismo de Protección a Periodistas de la SEGOB y de la “Casa de los Derechos de Periodistas” AC.
En agosto de 2012, luego de varias sesiones entre compañeros y asesores, se entregó un proyecto más acabado a la XIV legislatura local, basado en dos leyes tanto la federal como dos de los estados, Chiapas y Guerrero, pioneros en protección y fomento a periodistas.
En septiembre de 2013, Quintana Roo se convirtió en el segundo estado cuyo Código Penal se alineó con el federal para sancionar a agresores de periodistas.
El 2 de diciembre de 2014, el documento que habíamos entregado al Congreso, fue presentado al pleno del congreso local por el diputado panista Sergio Bolio Rosado, presidente de la comisión de Derechos Humanos en la XIV legislatura, haciendo la iniciativa como suya, lo que consideramos un plagio.
El 24 de junio de 2015 se realizó la presentación pública de la versión más acabada de la iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, luego de interminables sesiones y discusiones en cuanto a los borradores y comparativos, trabajado por las asociaciones civiles Periodistas del Caribe, Mirada Interactiva y Mujeres Periodistas de Quintana Roo.
El 24 de julio de 2015 se publica el decreto por el que se creó la Medalla Al Mérito Periodístico Ernestina Mac Donald que se entregaría cada tres años mientras esté viva; al periodista más destacado de Quintana Roo, lo que hasta ahora no se ha realizado con el único objeto de incentivar la calidad de los géneros periodísticos.
El 3 de agosto de 2015 se aprobó la Ley en el Congreso con 21 votos de diputados y un voto en contra del diputado Hernán Villatoro del Partido del Trabajo
El 14 de agosto de 2015 se publicó en el periódico oficial de Quintana Roo
El 14 de septiembre de 2015, la CNDH presentó una acción de Inconstitucionalidad ante la SCJN y fue admitida con el número de expediente 87/2015.
La SCJN , el 28 de junio 2016 invalidó la fracción VI y IX del Artículo 3 de la Ley para la Protección de Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al considerar que las legislaturas locales carecen de facultades para legislar en materia de Libertad de Expresión, además, del Artículo 13 que se refería a la acreditación de periodistas. El resto de la ley lo dejó intacto la SCJN.
El 5 de enero de 2017 periodistas solicitaron a Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, integrar como iniciativa de Ley las reformas señaladas por la SCJN.
El 14 de mayo de 2017, el Congreso del estado da entrada a la iniciativa del gobernador para abrogar la referida ley.
El 18 de diciembre 2017, violando los principios de no regresividad y progresividad en materia de derechos humanos, establecidos en el Artículo Primero de la Constitución Federal, la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, fue abrogada. ¡Es momento de reiniciar la lucha!…
*Periodista en el estado de Quintana Roo, consejera suplente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
