El ejido de Bacalar tiene un conflicto por la posesión de 354 hectáreas que fueron comercializadas por el gobierno de Quintana Roo en administraciones pasadas.
Luis Chimal Balam, comisario del ejido de Bacalar, dijo que este conflicto es uno de los principales problemas que “necesita urgente resolución antes de seguir avanzando en las negociaciones del Tren Maya con el gobierno federal”.
“Aunque el litigio está ya en tribunales, son años esperando que llegue el resolutivo final, pues han comenzado a llegar nuevas inversiones a Bacalar sobre las tierras en litigio sin que el ejido obtenga los beneficios de tierras que son de su propiedad”, explicó.
El líder comunero recordó que el ejido de Bacalar fue dotado en 1936, mediante una resolución presidencial, por un total de 1,750 hectáreas. En 1942, ahondó, solicitan una ampliación que les es concedida por 54,250 hectáreas, con lo cual el ejido suma 56,000 hectáreas en total.
“El gobierno del estado solicita una ampliación de fundo legal del poblado de Bacalar al gobierno federal, que les es autorizada en 1972 sobre las tierras de la laguna, encima de las tierras de nosotros, o sea, un decreto sobre otro decreto”, acotó.
“El gobierno del estado vendió todas esas tierras, las de más valor comercial desde hace décadas. Hoy, ya existen hoteles, restaurantes, casas y todo tipo de construcciones privadas en la orilla de la laguna”, agregó.
No fue sino hasta el 2011 que, mediante asesoría legal especializada, los ejidatarios iniciaron el procedimiento jurídico para reclamar el pago de esas tierras.
“No queremos perjudicar a terceros, a ninguno de los dueños de todas esas construcciones que tienen décadas ahí. Sólo pedimos que el gobierno nos pague a precio actualizado el valor de esas 354 hectáreas”, aseveró Chimal Balam.
La gente que compró esas tierras al gobierno del estado, expuso, tiene títulos de propiedad, pero el ejido ha logrado documentar que esas tierras son propiedad comunal desde 1942; sin embargo, el resolutivo final no ha llegado desde entonces.
Decisión unánime
Tras la asamblea informativa del pasado sábado para consultar el Tren Maya a las comunidades originarias de la región, el ejido de Bacalar convocó a asamblea el domingo anterior.
En dicha asamblea decidieron, de manera unánime, que exigirán al gobierno de Andrés Manuel López Obrador “el pago justo por las seis hectáreas que les solicitan para el trazo de la vía del tren; solución inmediata al conflicto por las 354 hectáreas en la laguna de Bacalar, acelerar la apertura de la zona arqueológica de Ichkabal, integrando a los ejidatarios como socios”, comentó Luis Chimal.
“No habrá ninguna negociación sobre las 1,000 hectáreas adicionales que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) nos ha pedido para la estación ferroviaria y el desarrollo inmobiliario en torno a ésta, hasta que no se precisen los beneficios y la forma en que los ejidatarios se verían beneficiados”, puntualizó.
“Si no se le da solución a las peticiones hechas reiteradamente al gobierno federal, el ejido no dará su consentimiento para seguir adelante con las negociaciones”, señaló.
Eventual cambio
El director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, manifestó que no obligarán a los ejidos a integrarse al Tren Maya y que en caso de no poder persuadirlos de los beneficios del proyecto, buscarán otras opciones de trazo de la vía férrea.
“Si no aceptan, si no quieren, pues se tomará otra alternativa: reubicar la estación”, refirió.
“Nosotros estamos tratando de convencerlos de que no vendan sus tierras, ni a nosotros ni a ningún otro inversionista, sino que se integren como socios al proyecto”, acentuó.
El funcionario reconoció que hay problemas añejos en los ejidos de Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, como adeudos de administraciones federales anteriores que requieren ser saldadas para avanzar en las negociaciones sobre el Tren Maya.
“Tienen razón en reclamar el pago de sus adeudos. Por años de gobierno neoliberal los ha hecho a un lado y es justo el reclamo que están haciendo”, exclamó.
Sobre el ejido de Bacalar, expresó que si no pueden llegar a un acuerdo con los comuneros, optarán por modificar los planes de vía y de la estación que están proyectados para este municipio.
Ejido de Bacalar
1936
Fue dotado, mediante una resolución presidencial, por un total de 1,750 hectáreas.
1942
Solicitan una ampliación que les es concedida por 54,250 hectáreas, con lo cual, el ejido suma 56,000 hectáreas en total.
1972
El gobierno del estado solicita una ampliación de fundo legal del poblado de Bacalar al gobierno federal, que les es autorizada.
2011
Mediante asesoría legal especializada los ejidatarios iniciaron el procedimiento jurídico para reclamar el pago de esas tierras.
Fuente: El economista
