- Diputados locales rechazan las cifras presentadas por Rafael Del Pozo Dergal
- La realidad es diferente al discurso de transparencia que se mantiene
- La ley se viola flagrantemente en varias dependencias como Seguridad Pública y el Congreso mismo, advierten
Chetumal, Quintana Roo. – Los integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI Legislatura, que preside la diputada Euterpe Gutiérrez Valasis, se mostraron inconformes con la comparecencia del secretario de la Contraloría del Estado Rafael del Pozo Dergal, pues no presentó información convincente sobre las acciones que el Gobierno de Quintana Roo ha implementado para combatir la corrupción e impunidad.
Las diputadas Euterpe Gutiérrez, Reyna Durán Ovando y el diputado Edgar Gasca Arceo, consideraron que la comparecencia del contralor estatal no cumplió con las expectativas de los ciudadanos, quienes aún están a la espera de los resultados del cambio prometido y acciones concretas en el combate a la corrupción.
Si bien se debe ponderar el derecho a la presunción de inocencia y cuidar el debido proceso de las investigaciones, los legisladores consideraron que se debe informar a la ciudadanía el estado de las investigaciones promovidas en contra de los funcionarios de la pasada administración, cuáles han sido las sentencias o sanciones obtenidas, así como el monto del dinero que se ha recuperado.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, diputada Euterpe Gutiérrez Valasis, expresó que la corrupción es una de las peores herencias de gobiernos anteriores, por lo que su combate es uno de los temas más importantes en la agenda del presidente López Obrador y debe ser un trabajo permanente de todos, en cualquier nivel de gobierno.
El diputado Edgar Gasca Arceo, integrante de la Comisión, señaló que no todas las dependencias del Gobierno de Quintana Roo estén cumpliendo con los parámetros de transparencia, situación que provoca se incremente el nivel de hartazgo y de molestia de los quintanarroenses.
Gasca Arceo dijo que el propio Congreso es ejemplo de ello, pues a pesar de que existen denuncias por la desaparición de millones de pesos por concepto de ayudas sociales, pareciera que no ocurre nada por aclarar esta situación.
El legislador criticó también las denominadas contralorías sociales, ya que desde su perspectiva son mera simulación pues en ocasiones los líderes de colonia de un determinado partido son quienes terminan siendo los que firman de conformidad la realización de obras millonarias, cuando estas se realizaron con mucho menos recursos.
Por su parte, el diputado Roberto Erales Jiménez, del grupo legislativo del PT, lamentó que la Secretaría de la Contraloría, siendo una institución muy importante para la vida administrativa y para combatir la corrupción en nuestra entidad, no haga cumplir la ley.
Erales Jiménez señaló el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, donde algunos funcionarios en puestos directivos no cumplen con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Quintana Roo, donde se establece una residencia mínima de 5 años para cargos de Subsecretario, Director General, Director de Área, Subdirector, así como niveles intermedios entre éstos, dentro de la administración pública central, y sus equivalentes en la administración pública paraestatal, independientemente del nombre del puesto que se les atribuya.
En reiteradas ocasiones, el contralor estatal se excusó diciendo que no era su atribución hacer consideraciones políticas sobre el tema. Después respondió que la ley marcaba algunos casos de excepción para titulares de Seguridad Pública, Erales Jiménez insistió en que el incumplimiento de la ley se presenta en mandos directivos donde se manejan recursos públicos.
El diputado del PT insistió en que no se trataba de un tema político, sino de un tema de ley. Posteriormente, le entregó una copia de los artículos en cuestión, así como los datos de un nombramiento que presuntamente incumplía estas disposiciones.
La diputada Reyna Durán Ovando, del grupo legislativo de MORENA, reconoció los esfuerzos por utilizar las herramientas y plataformas tecnológicas para el combate a la corrupción, sin embargo, dijo que éstas no están al alcance para la mayoría de la gente que no cuenta con una conexión a internet.
Durán Ovando manifestó su preocupación por el hecho de que la gran mayoría de los funcionarios públicos de la pasada administración que fueron denunciados por algunas irregularidades, hayan salido libres y sin devolverle al pueblo lo robado.
