A TIRO DE PIEDRA
Por Julian Santiesteban
No sólo hay que indignarse, hace falta también comprometerse
Stéphane Hessel
Esta semana, el 26 de septiembre para ser exactos, cumple un año en el cargo Alberto Capella Ibarra, como secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, en medio de la más alta polémica por lo que se percibe como falta de resultados y cuando este fin de semana se difundieron imágenes y videos de un comandante decapitado que, antes de serlo, lanzó acusaciones al más alto nivel sobre el involucramiento con el crimen organizado. Las culpas serán importantes si se busca sanción, pero lo urgente desde hace ya algunos años son las soluciones a la criminalidad que afecta la actividad turística del destino más importante de Latinoamérica.
Porque ante lo vivido este fin de semana –sin precedente en la entidad- no pueden anteponerse estadísticas que digan que vamos bien, la tarea de las autoridades de los tres niveles se han enfocado en lograr coordinación, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ha destacado el gobernador Carlos Joaquín González y, por fin, parecen haberlo entendido los once presidentes municipales quintanarroenses, pero la percepción ciudadana sigue siendo de temor e impotencia, existe el llamado a la sociedad a ser partícipes en la denuncia y la construcción de un entorno mejor, pero quién daría el primer paso viendo lo que ocurre ahora a policías que se supone están entrenados y armados.
Falta de comunicación efectiva, probablemente; involucramiento de policías con la criminalidad, sin duda, el mismo Capella Ibarra lo ha dicho; que la estrategia de mando único aun no da los resultados esperados, es evidente; pero entonces qué falta, porque si todo lo necesario se está haciendo y a ojos vista no es suficiente, pareciera entonces que estamos frente a un agravamiento irreversible que nos condena a todos a vivir con miedo, agazapados, aguantando. ¿ser partícipes de la mejoría, cómo, con qué valor y elementos? ¿los valores familiares y la educación en casa bastan?
La violencia e inseguridad son retos que comparten México y Estados Unidos, dijo este fin de semana el embajador estadunidense en México, Christopher Landau; y se destaca además que, a dos meses de la entrada en operaciones de la Guardia Nacional, la cifra de homicidios se mantuvo; pero, los delitos de secuestro y extorsión reportaron un incremento; eso en el plano nacional, y en lo local el escenario no es muy diferente: asaltan banco en Chetumal, con un botín de tres millones, cuelgan “narcomantas” por todo el estado, los homicidios violentos suman ya varios cientos –tantos, que la Fiscalía General del Estado ya ha solicitado presupuesto para construir un panteón- y ahora la brutal ejecución del comandante José Antonio Archi Yama; ¿seguimos con las culpas o demandamos soluciones?
La situación local parece haber entrado en un punto de no retorno, no será sencillo –con los mismos responsables de seguridad- encontrar un discurso que incremente la tranquilidad ciudadana o que la mueva a participar; lo que se diga y haga en los siguientes días serán factor sin duda en los resultados que se otorguen en la segunda mitad del gobierno estatal; los alcaldes deberán asumir su responsabilidad y también incidirán en la credibilidad de la Cuarta Transformación como visión de un país mejor; en esta degradación no hay nadie fuera, esas son las culpas, esperamos los resultados. Un año con Capella Ibarra.
COMENTARIO MORBOSO
Como si problemas hicieran falta en el tema de seguridad, el pasado 09 de septiembre, medios nacionales publicaron que, el 23 de julio de este año, el Congreso de la Ciudad de México, su Junta de Coordinación Política, recibió una solicitud de declaración de procedencia en contra del exsubprocurador de Averiguaciones Previas Céntrales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina y ahora Fiscal General en Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, por supuestas faltas durante el proceso por fraude contra el empresario Alberto Sentíes Palacios; el documento fue remitido a la Comisión de Puntos Constitucionales.
De proceder, el Congreso capitalino exhortará al Legislativo de Quintana Roo, para que sea separado de su cargo; las acusaciones tienen que ver con filtración de información en favor de un acusado de fraude y de no judicializar la carpeta en la que se denunciaba el delito; pero el fiscal tuvo antes acusaciones y se procedió contra él en 2011 por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuando era el fiscal antisecuestros de la procuraduría capitalina, por el delito contra la administración de la justicia cometido en el 2007 cuando era Ministerio Público de la dependencia federal, según lo informó el que fuera procurador y ahora senador Miguel Ángel Mancera. Montes de Oca Rosales fue declarado inocente, por cierto, en 2014, pero ahí dos dudas.
Pero de lo que no hay duda, es que la Fiscalía General del Estado es de las más ineficientes en el país, pues el Estudio sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 2001-2017, evidencia que en Quintana Roo, Chiapas, Jalisco, Tamaulipas y Guerrero, sólo uno de cada 500 delitos se esclarecen. Impunidad pura y dura; es tiempo de hacer algo, los diputados de la XVI Legislatura, en este caso, tienen la palabra; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
