Por Oscar Efraín Meza García
Con desconfianza hacia los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad debido a su ineficaz lucha contra las mafias que operan en la entidad, uno de los más importantes hoteleros de Quintana Roo puso sobre la mesa una propuesta que de entrada traería serios problemas a la economía no solo de este importante sector, sino de las miles de familias que dependen directa e indirectamente de la industria sin chimeneas y, por supuesto, a los gobierno estatal, municipal y federal.
Se trata, de acuerdo con su impulsor, Abelardo Vara Rivera del cierre durante un mes de los centros de hospedaje de Cancún que en su conjunto representan unas 35 mil habitaciones de la zona hotelera, la “joya de la corona” del Gobierno Federal por la generación de divisas vía turismo, alrededor de cinco mil millones de dólares anuales, así como importantes recursos por medio del Derecho de no Residente (DNR).
La medida de presión que causaría serios problemas económicos, políticos y sociales en todo el país del ex presidente de la Asociación de Hoteles y Puerto Morelos de Cancún, tiene como único y exclusivo objetivo llamar la atención de los tres niveles de gobierno sobre la gravísima inseguridad que se registra en los principales destinos turísticos de Quintana Roo, entre los que destacan Cancún y Playa del Carmen por el número de hombres y mujeres ejecutadas, y el derecho de piso a prácticamente a toda actividad económica.
Y no es para menos, si tomamos en cuenta que de acuerdo con reportes de inteligencia el alto índice delictivo que se registra en el estado es provocado por la operación de cuando menos siete células de cárteles del narcotráfico asentados en Cancún, mafias internacionales como la rusa y rumana que se dedican a actividades ilícitas cibernéticas, pornografía infantil y trata de personas, así como grupos de cubanos, venezolanos y colombianos dedicados al secuestro de personas y al agio con altísimos intereses.
Pero además de este coctel de organizaciones delictivas, según las fuentes consultadas, el repunte de ejecuciones y extorsiones se debe también a que personeros de Doña Lety, la poderosa zarina de las drogas en el Caribe mexicano que fue detenida hace tres años en una carretera de Puebla, se reagruparon en diversas bandas locales que se dedican al narcomenudeo, a la ejecución de vendedores rivales y al cobro de derecho de piso a pequeños y medianos comerciantes.
En contraste con las organizaciones delictivas que operan a su máxima capacidad, las instituciones de gobierno encargadas de impedir los hechos delictivos de alto impacto y del fuero común -Cancún está por encima de la media nacional en robos a comercios-, parecen no encontrar el hilo que conduzca a evitar la debacle turística de Cancún y Playa del Carmen, donde han sido ejecutadas en lo que va del año a 171 y 88 personas, respectivamente.
Con la puesta en macha del Mando Único en todo el estado, la panacea según el secretario de Seguridad Pública Estatal, Jesús Alberto Capella Ibarra, el gobernador Carlos Joaquín González se juega todo su resto en esta partida que va perdiendo mientras espera la llegada de la Guardia Nacional, porque hasta el momento ni el establecimiento de la Policía Militar logra contener el crimen.
Otro tema de suma importancia ligado a la operación de bandas criminales que hasta el momento continúa sin resolver la Fiscalía General del Estado, es la construcción de instalaciones especializadas que deben contar con registros óseos y demás órganos y frigoríficos, que permitan la identificación de cuerpos de personas ejecutadas.
Hasta la fecha hay más de 250 cuerpos sin identificar tan solo en Cancún.
