La concejal del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, María Hadad Castillo advirtió iniciar acciones legales toda vez que aseguró que existe opacidad para informar los términos reales en los cuales firmó el contrato final con la empresa para el transporte, manejo y destino final de los residuos de Chetumal a razón de ocho millones de pesos por un periodo de ocho meses.
En tal sentido, María Hadad presentó el pasado martes una formal solicitud de dicho contrato ante la Unidad de Transparencia municipal, dado que la información que el primer regidor en funciones de presidente municipal ha proporcionado al Cabildo ha sido parcial y en su caso ha resultado que la empresa Amex Eco Solutions estaría incumpliendo.
“La empresa ha incumplido dicho contrato en varios de sus términos, como son la entrega en comodato de diez camiones recolectores de basura que originalmente nos dijeron que serían nuevos, y que ahora los únicos cinco que han entregado al municipio no están en las condiciones originalmente pactadas, ni en la cantidad convenida”, indicó en virtud de que el pasado lunes llegaron cinco camiones usados con permisos provisionales del estado de Guerrero.
De acuerdo a lo expuesto por Murrieta Bautista, toda la basura que estas unidades están recogiendo, tendría que estar siendo procesada en el centro de transferencia que la empresa instalaría en un área destinada para ello.
Sin embargo, este centro de transferencia no existe hasta el momento, como tampoco existen los permisos estatales y federales para la operación y manejo de la basura a favor de Amex Eco Solutions.
“También estaba que todos los residuos absolutamente todos, serían trasladados hasta Veracruz, y ahora nos han informado que no será así, si no que una gran parte de estas 350 toneladas diarias que se recogen, se venderán en acopiadoras de ésta ciudad por parte de la empresa”, refirió.
Advirtió que iniciará las acciones legales necesarias para la revisión de dicho contrato, y para que se realicen las acciones inmediatas por parte del Ayuntamiento para sancionar el incumplimiento del mismo, así como las consecuentes sanciones a las autoridades encargadas del tema por su omisión en vigilar el cumplimiento del mismo, y la oportuna rescisión.
