Las autoridades del municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, aprovecharon una medida llamada “Acuerdo de Voluntades” – que buscaba evitar que las viviendas de interés social abandonadas cayeran en manos de invasores o delincuentes – para despojar y rematar el patrimonio de personas vulnerables.
En los dos últimos años, se han solicitado al menos 300 amparos contra esta medida, que ya afectó a más de 700 personas que perdieron su vivienda y que ahora buscan revertir legalmente esta situación, reportó el diario Luces del Siglo.
El diario señaló que en estas acciones participaron autoridades municipales del gobierno verdecologista de Remberto Estrada, notarias públicos afines y empresas intermediarias que compraron el padrón de morosos.
El llamado “Acuerdo de Voluntades” se usó no solo para adquirir viviendas abandonadas sino también algunas aún habitadas.
Una causa para que las autoridades embargaran las vivienda fue la falta de pago del impuesto predial. Algunas de las casas se ubican en zonas de bajos recursos de los márgenes del municipio de Benito Juárez, cuyo tope de valor comercial no rebasa los 350 mil pesos.
Con la aplicación de este criterio se evitó que el proceso de embargo y remate pasara por la aprobación del cabildo, y así dejar que la facultad recayera directamente en el gobierno municipal.
Hasta el momento, solo algunos afectados han logrado ganar el amparo y recuperar su vivienda, algunos como el matrimonio conformado por Verónica Hernández y Gabriel Pérez cuya solicitud de amparo sigue en proceso bajo el expediente 153/2019 ante el Juzgado Segundo de Distrito, por estar en incapacidad de depositar la cantidad de 40 mil pesos como garantía en este particular juicio.
Con información de Luces del Siglo
