Cancún. – La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que encabeza Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo investiga al Magistrado Presidente Antonio León Ruiz, por el delito de tráfico de influencias, consistente en la contratación de directores en diferentes áreas como pago de favores a funcionarios homólogos de otros tribunales, confirmaron fuentes de la Fiscalía General a este portal de noticias.
En la Carpeta de Investigación 4073/2018, iniciada en Julio del año pasado, se investiga la contratación de la Psicóloga Alicia Catalina Valencia Díaz, hermana de Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, quien durante un par de meses fue Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y vinculación institucional del Poder Judicial, durante los primeros meses de Antonio León.
La investigación por tráfico de influencias se basa es que, hasta antes de que Mónica de Los Ángeles fuera designada como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, el cargo de su hermana no existía dentro de la estructura del Poder Judicial de Quintana Roo y su contratación se realizó mediante acuerdo del Consejo de la Judicatura que preside también Antonio León Ruiz, es decir, un puesto creado exclusivo para Alicia Catalina, cuyo nombramiento fue discrecional, sin que existiera la posibilidad de que alguna otra persona pudiera acceder a ese espacio.
Según la información pública disponible en el portal del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, el sueldo de un director o titular de unidad, puesto similar que ostenta Alicia Catalina va de los 28 mil a los 42 mil pesos mensuales, dependiendo del tipo de dirección asignada.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción deberá determinar en las próximas semanas si judicializa el expediente en contra del funcionario o si por el contrario determina la no existencia del delito.
En la siguiente entrega, abundaremos sobre la contratación de personal y creación de plazas para familiares y amigos de la Presidencia, todo a costa del erario y presupuesto del Poder Judicial, que sólo este año fue de más de 500 millones de pesos.
Con información de El Punto sobre la i
