Carlos Barrachina Lisón
5 de diciembre del 2018
El domingo nos despertamos con la noticia de la agresión de Rolando Castro, a la cantante cubana Adisbel Pupo, que trabajaba en el restaurante de su familia, y con la que mantenía una relación sentimental. Ello ha sacudido a una sociedad, que no entiende la falta de respuesta eficiente del gobierno del Estado; y que desconfía de la tradicional “influencia” de un sector local económicamente acomodado, sobre una administración pública que se percibe permeable al poder de los “adinerados”.
En estos precisos momentos, un grupo de ciudadanos, después de presionar un buen rato, se encuentran entablando diálogo institucional con Guadalupe Reyes Pinzón, fiscal para asuntos de delitos contra la mujer, tras realizar una marcha que ha concluido pacíficamente en las puertas de la Fiscalía General del Estado.
La cadena de “errores”, las declaraciones contradictorias, así como los rumores, que han llevado a que el oficial mayor de Gobierno, Manuel Alamilla, se viera en la necesidad de emitir una declaración, por escrito, en la que señala que nunca intervino en la liberación de Castro, han alimentado una gran desconfianza en la sociedad chetumaleña.
Hay desasosiego porque existe una duda razonable que bien la amistad de funcionarios públicos con el agresor, o la corrupción, hayan sido determinantes para la extraña liberación del agresor de Adisbel. La otra opción, que es la reconocida por las autoridades, es también inquietante: la falta de profesionalidad y capacitación de los elementos policiales y ministeriales. Si ésta se confirmara el peso de la responsabilidad, no debería recaer, únicamente en los elementos que se limitaron a seguir órdenes, sino que debería llegar a instancias de decisión política de alto nivel, por ser incapaces de conformar corporaciones policiales mínimamente profesionales.
Frente a la brutalidad de la agresión, y la cuando menos “extraña” liberación, pareciera que se quisiera desviar el foco de atención, a otros asuntos. Existe nerviosismo e “incomodidad”, entre los defensores de las autoridades: se presenta un nombre incorrecto del agresor, se acusa a ciudadanos de buscar protagonismo, se abre un debate sobre si es pertinente o no la publicación de las fotografías de la víctima golpeada (unos acusan el exhibicionismo y otros señalan que es necesario ver de frente el horror), se critica a los usuarios de las redes sociales por su frivolidad, y se alerta de injustas venganzas contra las propiedades de la familia Castro.
El miedo está recorriendo la espina dorsal de muchas personas, que no podían prever que un hecho de este tipo, desatara una crisis política del tamaño que se está incubando. La tormenta no amaina, y los errores se suceden.
Las preguntas que importan son varias ¿Cómo se puede entender que una persona que se encuentra por la policía estatal, en estado de embriaguez, después de una llamada de denuncia al 911, en la que se informa de la agresión; que está ensangrentado, y “alterando el orden público”, al costado de una mujer moribunda por violencia; no sea tratado con las prevenciones debidas? ¿Cómo se puede justificar que una persona que ha pasado aproximadamente doce horas detenido, frente a un juez municipal, acusado por una falta administrativa; salga en libertad? ¿No tuvo la fiscal pasa asuntos de delitos contra la mujer, o quién le corresponda, el tiempo suficiente para presentar en esas doce horas evidencias que iniciaran un nuevo procedimiento? ¿Por qué las autoridades, y varios actores partidarios se han llenado, en estas últimas horas, de palabras en favor de la defensa de las mujeres frente a la violencia; pero han visto pasar en cámara lenta, como la impunidad una vez más les golpeaba en su vergüenza?
No hay excusa posible, y la indignación popular es justificable. La duda que tienen los ciudadanos de la intervención de autoridades, a favor del agresor, tiene un grado de racionalidad muy alto, en una sociedad en la que todos no somos iguales. Le gente está cansada de estas situaciones, y las autoridades no deben equivocarse, pensando que todo pasará y que las aguas retomaran su cauce.
Estos días han corrido ríos de tinta, y se han emitido programas de opinión en muchos de los medios locales. Ojalá el caso de violencia salvaje en contra de la artista Adisbel Pupo, logre que abandonemos la simulación, y que las responsabilidades se asuman con criterios de justicia.
Esta sociedad ya no está ni para “juniors” intocables, ni para compadrazgos, ni para que se encubra a nadie. Hay deseo de justicia y necesidad de que todos seamos tratados por igual.
