Necesariamente incomoda…
Por Graciela Machuca Martinez
- Más del 50 por ciento de causas penales iniciadas en 2017 sin concluir
- Censo de impartición de justicia del INEGI refleja deficiencias
Muchas personas que se encuentran trabajando en el servicio público tienen como práctica común usar la información estadística institucional para su beneficio, para esconder su negligencia o falta de transparencia y así dar a conocer cifras alegres cuando tienen que informar, por ley, a la ciudadanía.
A pesar de que ya existe en el país normatividad que alienta la transparencia y la rendición de cuentas, en la administración pública en México se sigue teniendo una cultura patrimonialista de la información que se genera en las instituciones gubernamentales, y por ende, es propiedad del pueblo de México. Por principio general esa información debe ser pública, salvo aquella que debe estar reservada o que sea de carácter confidencial.
En el país existen instituciones que están empeñadas en aportar a la transparencia y para ello han dedicado años de trabajo a generar herramientas metodológicas y de información.
Un caso emblemático es el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), un organismo público federal que tiene autonomía al mismo nivel que el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin embargo se duda de su autonomía política, pero desde el punto de vista técnico, el trabajo del INEGI es referencia a nivel internacional.
Precisamente este organismo realiza desde hace ocho años el llamado Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, con la finalidad de recabar y documentar el quehacer de los tribunales estatales de justicia. El pasado 26 de octubre se dio a conocer la versión 2018 de este instrumento que está elaborado con información de impartición de justicia generada en todos y cada uno de los estados durante el año 2017.
En el caso de Quintana Roo se requiere un análisis de expertos en la materia para poder cruzar y analizar los resultados, mismos que en materia de impartición de justicia no solo se tienen que evaluar desde el ámbito cuantitativo, sino cualitativo, porque cada caso de víctima o victimario que ingresa al sistema de administración de justicia tiene que ver con la vida de una persona, de un ser humanos, con emociones y proyectos de vida y no solo de números.
Durante 2017, en Quintana Roo, se atendieron 223 (17 %) causas penales en primera instancia por el sistema tradicional y mil 71 (83%) en el sistema acusatorio, ya sea en juzgados de control o garantías, pero ingresaron 220 al Sistema Tradicional, mil 69 a juzgados de control o garantías y 67 a Tribunal de Enjuiciamiento o Juzgado de Juicio Oral.
El siguiente rubro del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal para Quintana Roo nos dice que se concluyeron en el Sistema Tradicional 158 causas penales, 462 (84.9%) en Juzgados de Control o Garantías y 82 (15.1%) en Juzgados de Juicio Oral.
A finales de 2017, según la información que el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo proporcionó al INEGI, había en trámite 426 (31.8%) causas penales en el Sistema Tradicional, 885 (68.2%) en Juzgados de Control y cuatro en Juzgados de Juicio oral.
Sólo haré una acotación. De las mil 69 causas penales que se registraron como ingresadas a un juzgado de control, solo 462 concluyeron y se encuentran en trámite 885. Las cifras no cuadran porque se acumulan las de años anteriores. Es evidente que menos del 50 por ciento de las que ingresaron concluyeron, en primera instancia, lo que implica que para más del 50 por ciento de las personas que solicitaron impartición de justicia en Quintana Roo durante 2017, al menos al 31 de diciembre de ese año, aun su derecho a la justicia aún no estaba satisfecho, lo que contradice el principio de que la justicia debe ser rápida y expedita y para cumplirlo se reformó el Sistema de Justicia Penal en México, pero a Quintana Roo no han llegado esos beneficios.
El gobierno federal ha destinado cifras impresionantes de dinero para cada una de las entidades federativas con la finalidad de consolidar el Sistema Penal Acusatorio, esos recursos fueron destinados en Quintana Roo para el Tribunal Superior de Justicia, pero la aplicación de ese presupuesto no se ve reflejada en la atención de aquellas personas que se ven en la necesidad de exigir su derecho a la justicia.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz, puede manipular la información y considerar como un premio, que la institución que representa haya obtenido el primer lugar del ranking nacional del Censo de Impartición de Justicia Estatal 2018 del INEGI, según se lo informó el coordinador estatal de ese organismo aut{onomo federal, Carlos Fernando Novelo Vela.
Pero el servidor público del INEGI aclaró que esta clasificación se logró en función de cumplir en los tiempos de entrega y mayor captación de información, una obligación que por ley tiene el Tribunal de Justicia de Quintana Roo y a su presidente le corresponde cumplirla.
El hecho de que haya sido el Tribunal que mejor cumplió no significa que lo haya hecho bien y además, su obligación era cumplir en tiempo, forma y contenido.
El INEGI debe certificar los procesos de captación, procesamiento y evaluación de la información que le envían los tribunales de justicia para la elaboración de este censo, para evitar que la información se genere a modo de los intereses políticos de los integrantes de los poderes judiciales estatales.
A la sociedad quintanarroense le compete conocer los diferentes rubros del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, particularmente sobre la entidad. Desde luego que tanto al INEGI como al Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo les corresponde hacer una versión diseñada para difusión y realista respecto a los resultados.
Las mujeres y hombres que viven en Quintana Roo deben tener acceso a la información que genera el Tribunal Superior de Justicia de esta entidad, pero aún más, sobre los criterios que se utilizaron para tomar tal o cual decisión u omisión para administrar justicia.
De acuerdo al INEGI, este Censo tiene por objeto generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las instituciones que integran al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura de cada Entidad Federativa, específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes y justicia alternativa, con la finalidad de que se vincule con el quehacer gubernamental dentro de los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en materia de impartición de justicia.
La información que emana de este proyecto fue declarada como Información de Interés Nacional por la Junta de Gobierno del INEGI en diciembre de 2012.
En la octava edición, el CNIJE cuenta con 58 tabulados con información básica organizada en cinco apartados conforme a los siguientes temas:
1) Estructura organizacional y recursos; 2) Impartición de justicia en materia penal; 3) Justicia para adolescentes; 4) Impartición de justicia en todas las materias (excepto penal); y 5) Justicia alternativa.
