- Dice que saldría muy costoso pagar indemnización para que Aguakan deje de operar el servicio en los cuatro municipios del estado donde trabaja.
- Afirma que el servicio de agua potable es un derecho humano y como tal no sé puede restringir, por lo que se debe exigir a Aguakan que cumpla con calidad, tarifas bajas y obras.
CANCÚN, 12 de noviembre.- Nunca más deberá darse en concesión a empresas privadas un servicio de agua potable en Quintana Roo, como el que tiene Aguakan en cuatro municipios del estado, señaló el senador José Luis Pech Várguez.
Al referirse al pronunciamiento que hiciera el Senado de la República mediante un Punto de Acuerdo con relación a que sea retirada la concesión a Aguakan en municipios de Quintana Roo, el legislador dijo que no se puede afirmar que es inminente que la autoridad estatal llevará a cabo una medida de ese tipo, debido a que resultaría muy caro hacerlo y bajo las condiciones en que se encuentran las finanzas gubernamentales en la entidad, sería imposible.
Explicó en entrevista radiofónica está mañana, que por desgracia los convenios de concesión que obtuvo Aguakan tanto para refrendar esa medida en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, como el reciente que se le dio en Solidaridad, tienen cláusulas que protegen en exceso a la empresa, con sanciones muy elevadas, impagables en términos de la condición financiera actual del estado.
Puntualizó el senador Pech Várguez que el agua es un derecho humano básico y no una mercancía y en ese contexto es que las autoridades correspondientes deben actuar para que Aguakan cumpla con la concesión y brinde el servicio bajo la condición de que es un derecho que no puede ni restringir ni condicionar, menos cuando se trata de las personas más pobres, que carecen de la posibilidad de pagar el servicio con tarifas abusivas.
Dijo que se debe ser muy cuidadoso en los pronunciamiento sobre este tema, por lo que sería irresponsable decir que Aguakan ya se va ir de Quintana Roo, cuando por desgracia, los convenios correspondiente se dieron bajo condiciones totalmente desfavorables para el estado, lo cual pudo comprobar personalmente cuando estuvo en el gobierno, lo que significa que se necesita mucho dinero para poder pagar una indemnización que permita cancelar la concesión del servicio de agua potable a la citada empresa.
Dijo que es insostenible argumentar que el gobierno es incapaz de administrar correctamente el servicio de agua potable y que por eso razón se han entregado las concesiones, debido a que las entidades públicas deben aprender a manejar correctamente este servicio, dada su condición de un derecho humano básico del que nadie puede quedar al margen.
