Chetumal, Q. Roo.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró vincular a proceso a diez ex funcionarios del ex gobernador Roberto Borgue Angulo, como responsables de saquear las finanzas de Quintana Roo. Siete enfrenan su proceso en libertad y tres permanecen en prisión.
Al conocerse que un juez federal otorgó un amparo al ex mandatario estatal, en el proceso que se le sigue por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, la acusación más firme contra ex funcionarios corresponde al desvío de recursos públicos desde la paraestatal VIP Saesa S.A. de C.V.
En este caso, la detención más reciente fue la del titular de SINTRA, Mario Basto Castro, a quien el juez de control del distrito judicial de Chetumal, le dictó vinculación a proceso derivado de la carpeta administrativa 151/2017.
Se le acusa del delito de Desempeño irregular de la función pública, como copartícipe en el desfalco de más de 320 millones de pesos, y una cantidad poco mayor en dólares vinculados a la paraestatal. Le fue concedido un plazo de un mes para el cierre de la investigación y le han incautado como garantía cinco vehículos y dos terrenos.
Basto Castro enfrenta también un expediente por irregularidades financieras realizadas entre 2013 y 2014, como un presunto desvío de más de 300 millones de pesos en la supuesta construcción de 195 caminos “saca cosechas”. Permanece preso en el Centro de Reinserción Social de Chetumal.
Carlos Acosta Gutiérrez, ex director de VIP Saesa, enfrenta acusación por desempeño irregular de la función pública en la carpeta administrativa 151/2017. Está acusado de copartícipe en un desfalco de 320 millones de pesos y de otra cantidad similar en dólares.
El ex funcionario enfrenta el proceso en arraigo domiciliario desde marzo pasado, después de que un juez le concedió un amparo para lo cual dejó como garantía sus bienes y vehículos. Acosta Gutiérrez fue aprehendido el 4 de julio de 2017.
Erce Barrón, ex director de la Administración Portuaria Integral, está vinculado al mismo proceso de VIP Saesa. Estuvo preso 50 días y obtuvo un amparo que le permite enfrentar el proceso legal en libertad.
No obstante, se le impuso dejar en garantía la mayoría de sus propiedades y sus vehículos para garantizar la reparación del daño. Este personaje fue detenido en Baja California el 27 de noviembre pasado.
Gabriel Mendicuti, ex secretario de Gobierno, enfrenta cargos por Desempeño irregular de la Función Pública en agravio del patrimonio de Quintana Roo. Se le relaciona con la carpeta 151/2017, por lo que fue detenido el 21 de enero de este año.
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Debido al estado de salud de Mendicuti le fue concedido un arresto domiciliario, para enfrentar el proceso desde su propiedad ubicada en Playa del Carmen. Como garantía recibió el embargo de 19 bienes inmuebles y 21 automóviles.
Mauricio Rodríguez Marrufo, ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, enfrenta proceso por la venta irregular de terrenos en beneficio de sus familiares y de los socios y amigos de su ex jefe Roberto Borge.
Rodríguez Marrufo fue condenado a pagar 39 millones de pesos tras declararse culpable del delito de Desempeño irregular de la función pública con lo que recobró su libertad. Fue el primer ex funcionario detenido, el 5 de mayo de 2017.
Paulina García Achach, ex subsecretaría de Seduvi, enfrenta la acusación de Desempeño irregular de funciones. Un juez determinó que podría seguir el proceso en libertad mediante el pago de garantía de 39 millones de pesos. Fue capturada el 8 de mayo de 2017.
Víctor Loyola, ex procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, enfrenta acusación de desempeño irregular de la función pública en agravio de más de once mil millones de pesos. Fue detenido el 3 de septiembre pasado.
Paula González Cetina, ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, está acusada de peculado y desvío de del mil 50 millones de pesos que fueron entregados por Aguakan como contraprestación por la privatización del agua potable en Solidaridad. Se le vincula a la Carpeta Administrativa 308/2017.
La inculpada enfrenta el proceso legal en libertad al obtener el beneficio de resguardo domiciliario. Fue detenida el 3 de enero pasado.
Ana Alicia Rivera Galera, ex directora de recursos financieros de CAPA, está señalada como responsable del delito de Peculado por el desvío de más de mil millones de pesos en perjuicio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en la causa número 308/2017. Enfrenta el proceso desde la figura de resguardo domiciliario. Fue detenida el 28 de noviembre de 2017.
El ex alcalde Mauricio Góngora enfrenta cargos por Peculado en tres procesos: un quebranto de 594 millones de pesos, una segunda causa con un daño de 5 millones y una tercera por 155 millones de pesos contra el Ayuntamiento de Solidaridad. Fue aprehendido el 25 de enero pasado.
Como parte del proceso legal siguen pendientes las detenciones de Eliezer Villanueva Lanz, Juan Pablo Guillermo Molina, José Alberto Alonso Ovando, Fernando Escamilla Carrillo, Claudia Romanillos Villanueva, Fabián Vallado, Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, Manuel de Jesús Marrufo Lara y Gonzalo Herrera Castilla, como presuntos responsables de delitos contra el patrimonio estatal.
Como parte de central de la investigación judicial, el ex gobernador Roberto Borge enfrenta proceso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos, desde que fue detenido en el aeropuerto de Tocumen el 5 de junio de 2017. Tras seis meses de proceso fue extraditado de Panamá y retornó a México el pasado 4 de enero.
La Fiscalía general de Quintana Roo pidió una garantía al ex mandatario de 85 millones de pesos para evitar su aprehensión en una causa por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.
