Alerta Roja
Javier Chavez
El periodista Rubén Pat Cauich fue asesinado en las primeras horas de este 24 de julio; el ataque de pistoleros ocurrió a la salida de un bar de Playa del Carmen, polo turístico de la Riviera Maya donde dirigía su semanario digital Playa News. Veinticinco días antes un reportero de ese semanario –especializado en nota roja– fue también asesinado con arma de fuego en un bar de Felipe Carrillo Puerto. Era José Guadalupe Chan Dzib, a quien tuve el gusto de conocer en sus inicios juveniles con todo su entusiasmo por aprehender el oficio.
En cualquier momento nuestro estado iba a entrar en la órbita sangrienta de los homicidios de periodistas; era cuestión del calendario porque el baño de sangre ha ocurrido en nuestras colonias y plazas comerciales, alentado por las graves deficiencias de nuestro sistema de justicia y por el reclutamiento de sicarios y el auge de una delincuencia que se multiplica como serpientes en la hierba.
La condena institucional es bien recibida por nuestro gremio por ser la postura obligada, pero la lanzada por el Congreso del Estado sabe a burla porque ellos con su valemadrismo abrogaron nuestra Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con un motivo infantil: era la Ley Borge –estigmatizada así por un puñado de periodistas de Cancún– y tenían que clavarle una estaca en el corazón a esta creación satánica, sin tomarse la molestia de revisarla para detectar sus bondades sepultadas en minutos por estos autómatas “legislativos”.
Como certeramente expresó el periodista Rubén Vizcaíno Aguilar en la emisión de Omelette Político de este martes por el Canal 10: quizá nuestra ley de protección no habría bastado para evitar estas dos muertes, pero era preferible contar con este blindaje que no estorba, más con las amenazas subidas de tono transformadas en amenazas cumplidas que han cubierto de luto dos hogares.
La próxima Legislatura tendrá que tomar la iniciativa para reactivar nuestra Ley de Protección de Periodistas, ya sin estúpidos prejuicios que dinamitaron una Ley imprescindible porque el gobierno del estado no puede darse el lujo de dejar toda la carga en un gobierno federal que ha sido incapaz de proteger a nuestro gremio, como lo confirma la elevada cifra de ejecutados en un puñado de entidades donde van de la mano impunidad y homicidas sin causas para el insomnio.
Un grupo de periodistas de Quintana Roo ha mantenido viva la llama de la inconformidad ante el desempeño condenable del Congreso local que organizó foros para decidir el destino de nuestra Ley de Periodistas, orinando en nuestras propuestas inclinadas por el perfeccionamiento de esta Ley, siendo decididamente unánimes en Chetumal.
Esta fallida Legislatura dominada por el PAN y el PRD –pateados en las urnas este 1 de julio– es obesa en insensibilidad e hipocresía, y sus lamentos y condena oficial por el homicidio del periodista Rubén Pat son una burla intolerable en temporada de luto colectivo.
