El general retirado Benedicto Lucas García, de 86 años, y cuatro otros altos mandos militares guatemaltecos de la década de los ochenta fueron sentenciados la madrugada de este miércoles a penas de prisión inconmutables que oscilan entre los 33 y los 58 años, tras haber sido encontrados culpables de crímenes de lesa humanidad, por violación sexual y desaparición forzada.
“Los militares participaron directamente diseñando el plan contrainsurgente y ordenando a los operativos capturar y torturar a Emma Molina Theissen, quien fue golpeada y violada por soldados, a modo de tortura, durante nueve días. Cuando escapó, se procedió a la captura ilegal y desaparición de su hermano, Marco Antonio”, reza la sentencia leída a las 04.30 de esta madrugada (hora local, 08.30 GMT), 13 horas después de que el Juzgado de Mayor Riesgo convocara a las partes.
El tribunal considera que los acusados “pudieron haber actuado de manera distinta, pero prefirieron desobedecer los mandatos normativos de derechos humanos y de carácter penal que prohíben las conductas con que actuaron”.
La sentencia es el colofón de un largo proceso, considerado emblemático en la lucha contra la impunidad. “Es un caso que demuestra avances en la justicia en Guatemala. Esto era impensable hasta hace pocos años. Sienta un precedente que va en línea con lo sucedido en países como Argentina, en el sentido que, independientemente del tiempo transcurrido, la justicia debe llegar”, apuntó por teléfono el analista Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes, independiente).
“Esta sentencia implica una reafirmación de un camino positivo de independencia judicial. Los magistrados, tras un largo proceso, encontraron culpables de crímenes contra la humanidad a los implicados. Eso se proyecta como una condena simbólica al conjunto de la guerra sucia vivida en Guatemala”, comenta Edgar Celada, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. “Caminamos hacia la consolidación de un sistema de justicia independiente”, concluye.
Los hechos
De acuerdo con el expediente, el 27 de septiembre de 1981, en un retén instalado por el Ejército en la carretera hacia el altiplano de Guatemala, fue capturada Emma Guadalupe Molina Theissen, de 21 años. Entre sus pertenencias, los militares encontraron propaganda del movimiento Juventud Patriótica del Trabajo, de inspiración marxista. Suficiente para ser considerada “comunista”, en la época una sentencia virtual a la pena capital por medios expeditos: secuestro y tortura hasta la muerte.
Emma fue llevada a la base militar de Quetzaltenango –la segunda ciudad de Guatemala–, donde fue salvajemente torturada y sometida a numerosas violaciones sexuales por parte de sus verdugos. No lograron doblegarla. En una acción increíble logró escapar del cautiverio, atrevimiento que no podía quedar sin castigo. Como parte de la búsqueda de la fugitiva, una patrulla militar llegó hasta la residencia de los Molina en un barrio de clase media-media de la capital guatemalteca y, al no encontrarla, se llevaron por la fuerza a su hermano menor, Marco Antonio, de 14 años.
Durante el juicio, 36 años después, la madre de las víctimas, Emma Theissen, señaló ante el tribunal a Hugo Zaldaña Rojas como el oficial que dirigía al comando de secuestradores.
Junto a Lucas García, hermano del presidente Romeo Lucas (1978-1982), también fueron juzgados los oficiales Manuel Antonio Callejas, Luis Gordillo Martínez –extriunviro de Ríos Montt tras el golpe que derrocó a Romeo Lucas en marzo de 1983–, Edilberto Letona y Zaldaña Rojas.
Benedicto Lucas García negó su participación en el secuestro de Marco Antonio. “Como soldado y como hombre, combatí a la guerrilla de frente. No tengo nada que ver en esto”, afirmó para añadir que en 1981 no se combatía a una guerrilla convencional. “Eran terroristas que se dedicaban a destruir la infraestructura del país. Y una orden, cuando es justa, debe acatarse”, enfatizó.
El largo camino recorrido por la familia Molina para establecer el paradero de Marco Antonio y buscar justicia se tradujo en años de exilio. Esa lucha ha merecido el respeto de los guatemaltecos, que la consideran todo un paradigma de dignidad. “La desaparición de mi hermano fue mi primera muerte”, declaró en marzo pasado Ana Lucrecia Molina Theissen a Prensa Libre y subrayó que “nunca volvería a vivir en Guatemala”, porque todavía teme por su integridad física en el país centroamericano.
El Rambo de la guerra guatemalteca
Lucas García, quien se especializó en Francia en la lucha contra las guerrillas, siempre prefirió los frentes de batalla a los despachos y, a su vuelta a Guatemala, aplicó meticulosamente las tácticas aprendidas. A la llegada de su hermano Romeo al poder tras unas elecciones fraudulentas en 1978, fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército, el segundo puesto en jerarquía, solo después del ministro de Defensa.
En ese puesto, dirigió la contraofensiva contra una guerrilla que estaba a punto de desmembrar el territorio guatemalteco. Esta acción, rotunda, desbarató los planes de la insurgencia de tomar el país en diciembre de 1981. Lucas García solía invitar a algunos periodistas en sus visitas a las áreas de combate. Experto paracaidista, se hizo célebre por saltar del helicóptero antes de que este aterrizara para dirigir, ametralladora en mano, los movimientos de la tropa. También cobraron notoriedad sus declaraciones desde las trincheras con su inseparable Galil, después de alguna acción victoriosa sobre la insurgencia. Lo anterior le valió el apodo del Rambo del Ejército guatemalteco.
