Por Carlos Barrachina Lisón
18 julio 2017
El día 17 de mayo del año 2011 Roberto Borge Angulo recibió un oficio petitorio, basado en el artículo octavo constitucional, integrado por once hojas por parte de un grupo de integrantes del ejido Aaron Merino Fernández de Bacalar.
Se le señalaba al mandatario quintanarroense, iniciando su sexenio, que los ejidatarios se sienten defraudados por la falta de compromiso de la autoridad para resolver los problemas del ejido, y se muestra incredulidad ante la impunidad que existe, y la forma de actuar de lo que ellos califican “caciques” del ejido: Román Guzmán González (en la actualidad presidente del Comisariado Ejidal y buscando la candidatura del PRD por Bacalar), Edmundo Gómez Trejo y Juan Manuel Herrera (actualmente luchando por la candidatura de MORENA, pero posteriormente a este oficio Presidente del Comisariado Ejidal entre septiembre 2011-2013; y diputado local por el PRI entre el 2013 y el 2016).
Se acusaba a estas personas de cometer arbitrariedades y delitos en perjuicio de familias ejidatarias, avecindados y posesionarios. También de defraudar a personas y al patrimonio de los ejidatarios. Todo ello, señalan los firmantes permitido por autoridades de la Procuraduría agraria, y el Registro Agrario Nacional; por la titular de la Notaría 43 Dolores de las Mercedes Rivera Aguilar, la arquitecta Lilia G García Medina, ex directora de Desarrollo Urbano del municipio de Othón P. Blanco, y el ex Gobernador del Estado de Quintana Roo, Félíx Arturo González Canto (recuerdan en el oficio, la queja de 14 de marzo con número de Folio 926 que interpusieron en la Secretaría de Gobierno en contra de la notaria 43, y la averiguación previa que se abrió en la Procuraduría de Justicia del Estado con número BAC-048/2011).
El oficio es claro y valiente. Se encuentran tantas acusaciones concretas en las páginas, que lo normal es que en caso de no ser ciertas las mismas, a día de hoy los autores del oficio hubieran recibido algún tipo de condena por difamación y calumnias. En caso contrario, como se señala en la misma petición, sorprende la impunidad de los líderes ejidales.
En concreto se le explicaban a Borge Angulo varios hechos significativos relacionados con los casos “Stevia Maya”, y “Los Flamboyanes Bacalar”. También se acusaba a los considerados en el documento como “caciques” de: falsificación de documentos, generar problemas en el desarrollo de las asambleas y fraudes con los terrenos a orilla de la Laguna de Bacalar (en otras columnas se ampliará esa información).
Finalmente, se le solicitan al Gobernador las siguientes cosas: 1. Conocer la posición que asume su administración frente a las problemáticas del Ejido. 2. Una audiencia, porque el Secretario de Gobierno Luis González Flores no ha respondido en tres semanas. 3. Asesoría para iniciar una demanda contra Félix González Canto por no atender sus peticiones. 4. Apoyo en la obtención de un beneficio económico autorizado por SEDARI el 9 de marzo del 2011 para la elaboración de un plan de negocios para un balnerario en el ejido (se acusa de forma directa a Edmundo Gómez Trejo de quererse quedar de forma personal con el recurso). 5. Apoyo de la policía estatal para que no se permita la entrada a personas no ejidatarias en las asambleas. 6. Que avance la averiguación previa abierta en la Procuraduría de Justicia del Estado.
En las siguientes líneas se va sintetizar lo que se señala en la petición al Gobernador de Quintana Roo sobre los casos “Stevia Maya” y los “Flamboyanes Bacalar”.
Caso “Stevia Maya”: Román Guzmán González anunció en la asamblea de ejidatarios, que iba a vender 170 hectáreas de sus tierras a esta empresa. Eso causó sorpresa porque los integrantes del núcleo ejidal sólo tienen derecho a 100 hectáreas de terreno. Sin embargo, se señala en el oficio, que entre Román Guzmán y Edmundo Gómez Trejo “obligaron” a vender a ejidatarios hectáreas a un valor de 3,000 pesos cada una. Mismas que ellos vendieron por 14,705 pesos. En concreto, se detalla, que a la señora Librada Pérez le compraron 40 hectáreas por 100.000 pesos, de los que le quedaron debiendo 40,000 pesos.
En la asamblea de ejidatarios Román Guzmán señaló que la transacción se había cerrado en 1.7 millones de pesos. A pesar de ello éste nunca pagó los 1,000 pesos por hectárea de impuesto del ejido. Paradójicamente, al acudir al registro agrario, lo ejidatarios se dieron cuenta que no era de compra-venta el acuerdo; sino que era un contracto de usufructo por 30 años reflejado por un valor de 2.5 millones de pesos. En ese acuerdo, no se afirmaba que eran tierras de Román Guzmán, sino que eran de uso común de todos los ejidatarios. A pesar de las 170 hectáreas que señalaba el contrato, el 27 de febrero del año 2011 Stevia señaló que los 2.5 millones eran por 100 hectáreas, y que además Román Guzmán les vendió un derecho ejidal, que había pertenecido al ahora difunto Mauro Balam Pat.
Los ejidatarios demandaron frente al Tribunal Unitario Agrario a Stevia Maya (284/2011) para anular el contrato de arrendamiento, porque éste nunca fue aceptado por la asamblea, por contener diversas irregularidades y por ser muy escaso el valor monetario de la transacción. El 23 de junio del 2014 se dictó sentencia anulándose el contrato. Sin embargo, Stevia Maya, a día de hoy, sigue ocupando los terrenos que regresaron al ejido, porque sus autoridades no le han reclamado el desalojo.
Caso “Los Flamboyanes Bacalar”: El empresario Jorge Penkoff pretendió comprarle 25 hectáreas de terreno cercanas a la orilla de la Laguna de Bacalar a un ejidatorio llamado Crecencio Moreno Barredo. En asamblea ejidal, se señala en el oficio, se afirmó que esas tierras ya habían sido vendidas a una familia de Veracruz, y no sólo no se aceptó la transacción, sino que esas tierras -supuestamente vendidas-, le fueron retiradas al Sr. Moreno y regresaron a la posesión del ejido.
En julio del año 2010 el presidente del entonces comisariado ejidal Edmundo Gómez Trejo, anunció a la asamblea que una empresa pretendía comprar esas mismas tierras por un valor de 10 millones de pesos. La asamblea votó en contra porque el precio no les parecía adecuado, y preferían desarrollar un proyecto en beneficio del ejido.
Se señala en el oficio al gobernador de Quintana Roo, que en el mes de noviembre del 2010 se escucharon rumores sobre el desvío de recursos del ejido en asuntos políticos. En esos momentos se estaba impulsando la creación del municipio de Bacalar, y existía una plataforma, denominada “Pro Municipio 10”, encabezada por Edmundo Gómez Trejo. En ese contexto, se sigue afirmando en el oficio, los ejidatarios averiguan que el terreno en cuestión lo habían pactado de entregar Edmundo Gómez Trejo y Román Guzmán por 62 millones de pesos. Se solicitó información a través de un escrito de diciembre de 2010, y otro de enero del 2011, y nunca se respondió a la misma. Curiosamente, señalan en entrevista ejidatarios, Edmundo Gómez Trejo no llegó a ser el primer presidente municipal de Bacalar, lo que parecía inminente, después de una protesta ciudadana frente a las autoridades políticas del estado.
El día 23 de febrero del año 2011, sigue explicando el oficio, Jorge Penkoff visitó la casa de Crescencio Moreno para pedirle a éste que no acudiera a la asamblea prevista para el 27 de febrero, porque iba a negar cualquier transacción económica, e iba a apoyar a los líderes del ejido, señalando que él no tenía proyectos ni pretendía vender terrenos en Bacalar. A pesar de esta declaración, el proyecto se anunció en internet (a día de hoy todavía se encuentra disponible en la página losflamboyanesbacalar.com). Señalan los ejidatarios que finalmente el año pasado se logró concretar la venta en otra zona del ejido.
La actividad política de este grupo de líderes ejidales ha sido especialmente intensa en los últimos días. Al cierre del basurero en pasado días en Bacalar, una concesión que en 2007 el ejido le cedió por 30 años a la administración de Cora Amalia Castilla Madrid, se ha de sumar las declaraciones que Román Guzmán hizo el pasado día 13 de julio en las instalaciones del Congreso del Estado, en contra del Gobierno de Carlos Joaquín, afirmar: “puro cobrar, no tienen llenadera (…) no hay nada para el pueblo, sólo para la bolsa (…) están cobra y cobra y se roban la lana”. Pareciera que este grupo quiere presionar a las actuales administraciones, locales y estatales, utilizando técnicas tradicionales que quizás dieron un buen resultado en el pasado. Tendremos que ver qué pasa en el futuro.
