Carlos Barrachina Lisón
30 de junio de 2017
La reciente imagen de Eduardo Ovando Martínez, posando con Andrés Manuel López Obrador, justo antes de la visita de éste a Quintana Roo, ha prendido las alertas ciudadanas en el municipio de Bacalar. Todo ello por la importancia que este político y sus colaboradores aparentemente van a tener en las filas de MORENA, movimiento que pretende encabezar un nuevo “cambio político” en Quintana Roo, que aleje la corrupción del escenario público.
Eduardo Ovando, fue Secretario General de Gobierno entre diciembre del 2009, y abril del 2011; e inmediatamente después asumió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En ese periodo, en el que su yerno Vicente Aguilar Rojas era Director General de Notarías; su cuñada Dolores de las Mercedes Rivera Aguilar (Notaría 43), certificaba actos que fueron denunciados como fraudulentos por integrantes del ejido “Aaron Merino Fernández”, en una demanda iniciada el 16 de enero del año 2013.
Juan Manuel Herrera ha sido postulado por Ovando, como futuro candidato de MORENA a la presidencia municipal de Bacalar. Diputado local priista en la legislatura que acabó el año pasado; se hizo más conocido por su apoyo a la iniciativa de blindaje del ex gobernador Roberto Borge Angulo, y por las fotografías con el calificativo de “Traidor” que comités de ciudadanos distribuyeron de su persona al integrarlo al “muro de la vergüenza”; con otros muchos funcionarios públicos, o representantes populares que brindaron su apoyo a la administración del ex gobernador detenido en Panamá.
Juan Manuel Herrera forma parte de un grupo “tradicional” de personajes políticos, como Edmundo Gómez Trejo, y Román Guzmán González con el que se han alternado las responsabilidades de dirección del ejido bacalarense “Aaron Merino Fernández”. Este ejido creado en 1964, con una superficie de diez mil setecientas cuarenta y dos hectáreas, ha cobrado mucha importancia económica porque en el año 2008 se modificó el uso de suelo del mismo y se dividió en mil trescientos setenta y siete lotes. Doscientos sesenta y cuatro en la orilla de la laguna de Bacalar, y mil doscientos cincuenta y siete de casi una hectárea de tamaño, cada uno de ellos, en zonas aledañas, escriturados a nombre del Ejido. Sobra decir que la plusvalía de estos lotes ha sido muy grande.
Román Guzmán González fue presidente del Comisariado Ejidal entre el año 2002 y 2005, estando en la actualidad en funciones por el período 2014-2017. Juan Manuel Herrera lo fue entre el año 2005 y el 2008; y también entre el 2011 y el 2014. Finalmente, Edmundo Gómez Trejo fue Presidente entre el año 2008 y 2011. Ésta posición la han alternado con la de Presidente del Consejo de Vigilancia.
En el año 2011 un grupo de ejidatarios interpuso una demanda ante el tribunal agrario, con número TUA 44-402/2011, para solicitar que se revocara el acta de Asamblea del año 2008. La venta de un lote de 8 mil 187 m2, el 24 de mayo de 2010 a Erasmo Barrera Guerrero por un precio de 565 mil 600 pesos, desató la inconformidad, ya que ese dinero, se señala en la demanda de 2013, no se reportó como ingreso a las arcas ejidales. El 15 de junio del año 2011 tuvo lugar la primera audiencia del citado juicio agrario.
Curiosamente, un mes después, el día 13 de julio Juan Manuel Herrera y Maria Trinidad Guillén Núñez, registraron ante la notaria Dolores de las Mercedes Rivera Aguilar, sendos contratos de compraventa con el ejido, representado por Edmundo Gómez Trejo y Román Guzmán González. Juan Manuel Herrera adquirió 26 lotes, que sumaban entre todos 221 mil 064 m2, pagando por todos ellos la cantidad de 527 mil 200 pesos. Maria Trinidad Guillén adquirió cinco lotes con una extensión total de 44 mil 312 m2, pagando por ellos 108 mil 400 pesos. Poco tiempo después, el día 11 de septiembre se producía el “relevo” de las autoridades del Ejido, entrando el propio Juan Manuel Herrera como Presidente del Comisariado Ejidal, y Manuel de Jesús Poot Coboj como Presidente del Comité de Vigilancia.
Según los ejidatarios denunciantes, el dinero de la venta de estos lotes, que nunca fue aprobada en Asamblea, tampoco llegó a las cuentas comunes. Lo más grave, sin embargo, no era este hecho; sino el precio “ridículo”, señalan en la demanda, en la que se vendieron estos terrenos. Mientras que, en 2010, Erasmo Barrera pagó 69.08 pesos por m2; Herrera y Guillén no pagaron más de 2.41 pesos por m2; afectándose con ello severamente el patrimonio de la comunidad ejidal.
En la citada demanda, interpuesta en el 2013, se acusa de fraude a las autoridades de los dos periodos de dirección del Comisariado Ejidal; la de Edmundo Gómez Trejo (2008-2011), y la de Juan Manuel Herrera (2011-2014). También se levantan severas acusaciones en contra de la notaria Dolores de las Mercedes Rivera Aguilar, a la que se señala de certificar “faltando a la verdad”, un antecedente inexistente del año 2004 que permite la venta y escrituración de los terrenos.
Lo que se conoce como el caso “bacalargate” es más profundo de lo apuntado en estas líneas, y se va a seguir desarrollando en subsecuentes columnas. Afecta a un número importante de ejidatarios, y de ciudadanos que de buena fe adquirieron los lotes señalados, y que fueron “obligados” a escriturar en la notaria 43, a precios, señalan las fuentes, alejados de los habituales del mercado. Escandaliza en este municipio, el hecho de que estos políticos, a pesar de haber sido derrotados en las urnas, sigan buscando y rebuscando su sobrevivencia política, en otros espacios partidarios, cuando tienen a sus espaldas un historial que deja mucho que desear, y que ha afectado al patrimonio de muchas personas que no tienen privilegios, ni contactos en las “altas esferas” del poder.
