En los últimos 25 años, una larga lista de funcionarios de “primer nivel” de Guatemala han sido asociados con grupos de narcotráfico y con diversos casos de corrupción y hasta golpes de estado, pero también, en ese cuarto de siglo, varios expresidente fueron acusados y procesados hasta llevarlos al banquillo de los acusados o enviados a prisión.
Este es un recuento de algunos de los casos recientes y que han provocado todo tipo de convulsión política en ese territorio vecino de El Salvador, y que ahora con una Comisión contra la Impunidad, CICIG, es un ejemplo para las democracias de Latinoamérica. Se incluye a la exvicepresidenta de Pérez Molina, Roxana Baldetti y el actual presidente Jimmy Morales, quien ha sido acusado públicamente por recibir altos salarios, incluso desde el ministerio de la Defensa, el cual debió devolver para no ser enjuiciado:
– Otto Pérez Molina (2012-2016)
Pérez Molina (Presidente de Guatemala 2012-2015). Fue detenido en septiembre de 2015 luego de perder su inmunidad y renunciar al cargo de presidente, y se encuentra en prisión preventiva y procesado por los delitos de cohecho pasivo, caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita.
Pérez Molina comandaba la estructura identificada como “la Línea”. conformada por altos jefes de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT), de Aduanas, empresarios y particulares, fue desarticulada en abril del 2015.
Según el juez del caso, el exmandatario era culpable de la participación junto a su vicepresidenta Roxana Baldetti de en los delitos de la defraudación aduanera, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Agregó que a través de la estructura delictiva recibieron sobornos millonarios.
– Roxana Baldetti (2012-2015)
El expresidente Otto Pérez Molina (d) y la exvicepresidenta Roxana Baldett asisten a la primera audiencia por el caso de corrupción en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Exvicepresidenta de Otto Pérez Molina. Fue capturada en 2015, por su supuesta participación en una red de defraudación tributaria en el caso conocido como La Línea. Aparentemente era quien coordinaba toda la trama, con la venia del expresidente.
También enfrenta proceso penal por su involucramiento en un proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán, conocido como caso “AMSA” y por la concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en Puerto Quetzal. Le han despojado de fincas valoradas en más de 2 millones de dólares y que habría adquirido con dinero de los sobornos.
– Alfonso Portillo (2000-2004)
El expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) fue condenado en mayo de 2014, a cinco años y diez meses de prisión por “conspiración para cometer lavado de dinero por un juez federal en Nueva York, en un caso inédito para América Latina.
Portillo, extraditado desde su país en mayo del año 2013, se había declarado culpable en marzo pasado de haber querido lavar en bancos estadounidenses $2,5 millones en sobornos pagados por el Gobierno de Taiwán para que Guatemala mantuviera el reconocimiento diplomático al país asiático.
– Jorge Serrano Elías (1991-1993)
En medio de un rápido torbellino que lo llevó a disolver el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, Serrano fue destituido del poder por la presión militar y popular y eso sería el inicio de una convulsión de dos años y medio por el sello personal de este hombre que sonó y luchó casi toda su vida por llegar a la presidencia de Guatemala y que al final, tuvo que salir huyendo en medio de la oscuridad y el silencio, bajo las acusaciones generalizadas de corrupción y golpista.
Durante su torpe gestión que le llevó incluso a imponer mordaza a medios como Prens Libre, este expresidente coloco a su esposa, su suegro, su hermana y amigos muy cercanos en los más altos cargos del gabinete. Hacia 2016, todos esos personajes eran prófugos de la justicia. El 1 de junio de 1993, Serrano huyó a Panamá y desde entonces reside como asilado político en ese país.
–Alvaro Colom (entre 2008-2012)
El expresidente Álvaro Colom fue arrestado este martes 13 de febrero, acusado de participar en un caso de corrupción conocido como el Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizan 14 allanamientos en residencias de exministros, incluyendo la casa de Colom, quien fue trasladado a Torre de Tribunales tras ser capturado en la zona 14.
Los pagos ilegales al presidente Jimmy Morales (2016-)
En el último año, el actual presidente Jimmy Morales, que en su calidad de comandante general recibió mensualmente 50,000 quetzales (6.858 dólares), devolvió por orden de la Contraloría General de Cuentas (CGC) todo el dinero días antes de que el Supremo rechazara una solicitud de retirada del fuero presentada por la Fiscalía en este caso.
Al respecto, el juzgado de Guatemala decidió el mes pasado procesar al exministro de la Defensa Williams Mansilla por su supuesta implicación en ese pago del polémico bono militar al presidente Morales.
El presidente actual ha estado bajo la sombra de los ciudadanos, quienes demandan transparencia, tras darse a conocer en enero anterior por una investigación del periódico local “Nuestro Diario”, cómo el presidente guatemalteco, el mejor pagado de toda Latinoamérica, con un salario mensual de 146.000 quetzales (casi 20.000 dólares), cobró al Estado artículos de uso personal y regalos.
Entre los productos hay ropa deportiva (gorras de golf, medias para correr, camisetas y pantalones), vitaminas, unas gafas de 21.900 quetzales (casi 3.000 dólares), champú para el cabello o un servicio de lavandería de 28.940 quetzales (unos 4.000 dólares).
La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de la Presidencia de Guatemala desvinculó al mandatario, de cualquier tipo de responsabilidad en la decisión de pagar con dinero público diversos gastos.
El exministro, que autorizó y recibió también este bono, salió de las dependencias judiciales acompañado de su defensa pero sin hacer declaraciones a la prensa, después de que la jueza dictara su arresto domiciliario y le ordenara acudir a la Fiscalía cada 15 días.
