El Pacto de Chihuahua puede ser apenas un episodio de una batalla donde los aparatos de gobierno son usados como lanzaderas de obuses para doblar al enemigo. La entrega de un rescate de 900 millones de pesos a cambio del preso Alejandro Gutiérrez no parece poner punto final a esta guerra. El Pacto envuelve mucho más.
El Gobierno de Chihuahua puso el dedo en la llaga y tomó mal balanceados al gobierno federal y a los priistas. La respuesta este fin de semana con la detención en Cancún de Juan Vergara asestó un fuerte golpe a la estructura electoral paralela del panismo.
Vergara era un conocido financiador de operaciones político-electorales de los panistas en Quintana Roo, Puebla, Baja California y otras entidades. Tras su detención, en una abierta exhibición de fuerza del gobierno federal sobre las capacidades que aún tiene en pleno año electoral, se posibilitaron condiciones de negociación para atemperar el caso Chihuahua que tantos dolores de cabeza estaba dando en el ambiente político nacional.
Unas semanas antes de su detención, Juan Vergara era el secretario de Finanzas del Gobierno estatal de Quintana Roo. La PGR lo tenía en la mira desde octubre. Es decir que no se volvió corrupto entre la fecha de su renuncia a la Secretaría (8 de enero pasado) y el día de su aprehensión (2 de febrero). Ya lo era desde mucho antes. Y desde entonces pudo haber sido detenido, pero los tiempos de justicia fueron manipulados políticamente.
Los presuntos delitos por los que se le acusan fueron cometidos en 2015 con transferencias millonarias de empresas con dinero de dudosa procedencia. Juan Vergara tenía una pequeña casa hace unos 15 años, según recuerdan sus vecinos de una modesta colonia de Cancún. Nada que ver con la mansión que ahora presume, ni el yate, ni el avión, ni decenas de terrenos y de edificios, todo derivado presuntamente de una sola empresa: Travel Channel.
Poblano de nacimiento, Vergara siempre quiso ser alcalde de Huachinango, Puebla, pero no pasó de las contiendas preliminares en el comité municipal del PRI. Socio de Joaquín Hendricks, ex gobernador de Quintana Roo, Vergara siempre fue vinculado a financiamientos de campañas electorales y apoyos a gobiernos estatales como los panistas de Puebla y Baja California; en los prolegómenos de la contienda panista se le ubicó como personaje cercano a Rafael Moreno Valle.
Fue socio y prestanombres de Luis Armando Reynoso, gobernador de filiación panista en Aguascalientes con quien, entre otras cosas, mediante empresas de outsourcing cometió operaciones financieras irregulares desviando recursos de procedencia ilícita al gobierno estatal. Con el dinero triangulado desde empresas de Quintana Roo se pagaban las nóminas de burócratas hidrocálidos y también la del equipo de futbol Necaxa, asentado en Aguascalientes. Vale recordarlo ahora que está de moda decir que los equipos de futbol viven de los favorecimientos de los gobiernos corruptos.
Vergara fue involucrado en el caso que llevó a proceso penal al ex gobernador hidrocálido. El despacho Álvarez Puga, indagado reiteradamente por el SAT por infinidad de operaciones irregulares, y que ha hecho trabajos de plomería financiera a gobiernos tanto panistas como priistas para salvar sus corruptelas, tiene mucho que ver con Juan Vergara. Esos antecedentes importaron poco a Joaquín tanto que llevó a la Secretaría de Finanzas a un estafador, a un lavador de dinero, según las denuncias.
El pacto Chihuahua tuvo su prólogo en Cancún. Vergara es la pieza de cambio y la muestra de que aquellos que festejan un tercer lugar de José Antonio Meade en las encuestas deben tener mayor prudencia. Meade es el candidato de un Gobierno que no descansa y no está resignado a entregar el poder.
